La decisión de extender nuevamente el estado de excepción volvió a generar cuestionamientos en el ámbito jurídico hondureño. Este martes, los abogados Fernando González y Andrés Martínez llevaron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso con el que buscan frenar la última ampliación de la medida.

González explicó que no se trata de una prolongación aislada, sino de la vigésima quinta prórroga, que en total suma 1,070 días con derechos fundamentales limitados. A su juicio, esta continuidad “desnaturaliza por completo” la figura constitucional del estado de excepción.

El profesional del derecho sostuvo que la excepcionalidad dejó de ser temporal para convertirse en una norma de funcionamiento estatal. “Pasó a ser algo ordinario y contrario a lo que establece la Constitución”, afirmó tras presentar el recurso.

El escrito fue interpuesto por vía de acción, de forma parcial y cuestionando directamente el contenido de la prórroga que mantiene activa la suspensión de garantías en varias zonas del país.

Entre los derechos afectados, el abogado destacó la restricción a la libre locomoción y a la reunión, lo que, según dijo, coloca a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad frente a posibles arbitrariedades de las autoridades de seguridad.

González manifestó que, bajo esta medida, la Policía Nacional cuenta con la potestad de someter o detener a cualquier persona sin mayores controles, un escenario que calificó como peligroso en un contexto político especialmente sensible.

El abogado hizo énfasis en que la vigencia del estado de excepción se mantiene hasta el 30 de noviembre, fecha en la que se celebran las elecciones generales, lo que —advirtió— podría dar lugar a detenciones o acciones policiales dirigidas contra voces críticas del gobierno.

Ante este panorama, los juristas solicitaron a la Sala de lo Constitucional una revisión urgente de la prórroga, al considerar que representa un “atropello sostenido” a las garantías ciudadanas y un riesgo para el ejercicio libre de los derechos en pleno proceso electoral.