La tensión entre las instituciones de justicia y el órgano electoral volvió a escalar después de que la abogada Claudia Erazo presentara una recusación formal contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando. La petición busca impedir que la magistrada conozca el expediente abierto contra dos miembros del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Erazo, representante legal de los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, señaló que la participación de Obando como jueza natural coloca al proceso en una posición vulnerable debido a un posible choque de intereses. Por ello, la defensora compareció este lunes para solicitar que la presidenta sea apartada del caso.
“Consideramos que existen elementos suficientes para cuestionar la imparcialidad de la jueza natural designada”, expresó Erazo ante los medios. La abogada recalcó que su objetivo es evitar decisiones condicionadas por vínculos externos al ámbito estrictamente judicial.
El fundamento central de la recusación radica en la trayectoria política previa de Rebeca Ráquel Obando. Según Erazo, la presidenta del Poder Judicial figura como fundadora y militante del Partido Libertad y Refundación (Libre), circunstancia que, a su criterio, podría influir en la valoración del proceso.
La defensora presentó un registro del censo interno de Libre donde, afirma, aparece acreditada Obando como votante y fundadora. Este documento fue entregado como evidencia para respaldar la solicitud de separación.
Mientras tanto, los magistrados del TJE continúan enfrentando acusaciones del Ministerio Público por el presunto delito de prevaricato judicial. Las imputaciones surgen tras resoluciones adoptadas en octubre en el marco de un recurso vinculado a la inscripción de dos aspirantes al Congreso Nacional.
Según la versión del ente acusador, Flores Urrutia y Barahona actuaron sin seguir los procedimientos que exige la Ley Orgánica y Procesal Electoral, resolviendo sin quórum, sin convocar a magistrados suplentes y sin suspender el expediente durante una recusación presentada previamente.
El Ministerio Público también asegura que el fallo final emitido por ambos magistrados ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) inscribir de inmediato a los ciudadanos involucrados, una decisión que califican de irregular y arbitraria. El caso permanece en análisis mientras se resuelve la solicitud de recusación interpuesta este lunes.