La escena política de Bangladés entró este lunes en una nueva fase de incertidumbre tras conocerse que la ex primera ministra Sheikh Hasina fue condenada a muerte por un tribunal del país. La sentencia, adelantada por una fuente vinculada a la ONU, ha levantado una ola inmediata de reacciones y llamados a la calma.

La condena está relacionada con los hechos ocurridos en 2024, cuando una oleada de protestas estudiantiles terminó en enfrentamientos sangrientos. Las autoridades atribuyen a Hasina la responsabilidad directa en el uso desproporcionado de la fuerza, una acusación que sus simpatizantes califican como una persecución política.

Mientras tanto, organizaciones internacionales de derechos humanos manifestaron inquietud por la transparencia del proceso judicial. Diversos actores internacionales advirtieron que la sentencia podría profundizar la fractura política de un país ya marcado por décadas de tensiones.

En Bangladés, el fallo ha sido recibido con reacciones mixtas: sectores opositores lo celebran como un avance en materia de justicia, mientras partidarios de Hasina denuncian que se trata de una “vendetta política” disfrazada de legalidad.

La fuente de la ONU, que filtró inicialmente la información, señaló que el caso podría escalar rápidamente a instancias internacionales si se presentan apelaciones o se denuncian irregularidades graves en el juicio.

Aunque las autoridades judiciales aún no ofrecen una declaración oficial detallada, analistas coinciden en que la condena añade un elemento explosivo al ya complejo panorama político del país. El impacto sobre la estabilidad regional también es motivo de preocupación.

Con esta sentencia, Bangladés se enfrenta nuevamente al desafío de equilibrar justicia, legalidad y gobernabilidad en medio de un escenario que promete intensificarse en las próximas semanas.