El gobierno hondureño enfrenta una ola de cuestionamientos tras la extensión del estado de excepción parcial, aprobado mediante el PCM-37-2025 y vigente desde el 12 de noviembre hasta el 26 de diciembre. Aunque la medida busca, según autoridades, frenar el avance de estructuras criminales y garantizar seguridad en áreas de alto riesgo, distintos sectores advierten sobre sus posibles efectos en el periodo electoral que vive el país.
Desde que se oficializó la ampliación del decreto, la discusión pública ha escalado rápidamente. Organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que el estado de excepción podría limitar derechos fundamentales, entre ellos la libre circulación, la reunión pacífica y la expresión pública, en un momento en que la población debería contar con garantías plenas para participar en actividades políticas y electorales.
En redes sociales —particularmente Facebook y X— el debate ha sido intenso. Mientras algunos ciudadanos respaldan la medida argumentando que la inseguridad exige mano firme, otros sostienen que el PCM-37-2025 abre la puerta a abusos de autoridad y a eventuales presiones sobre actores políticos, candidatos y votantes. La polarización digital se ha hecho evidente con miles de comentarios, publicaciones virales y transmisiones en vivo.
La aplicación del estado de excepción abarca todo el territorio nacional, aunque se ha puesto especial atención en los departamentos del norte y en centros urbanos donde se concentran estructuras criminales. Estas zonas, históricamente afectadas por la violencia organizada, son también escenarios clave para el desarrollo de actividades proselitistas y para la movilización electoral de los partidos.
Analistas advierten que la implementación del decreto en pleno clima preelectoral podría generar percepciones de asimetría en el uso de la fuerza estatal. Algunas organizaciones temen que la aplicación discrecional de la medida derive en restricciones indirectas a la participación política, afectando concentraciones, reuniones o desplazamientos de simpatizantes. Tales escenarios, señalan, podrían derivar en impugnaciones o incluso observaciones de misiones internacionales.
Medios de comunicación locales han resaltado que el periodo del estado de excepción es particularmente sensible, considerando que las elecciones generales están a la vuelta de la esquina. Las misiones de observación de la Unión Europea y la OEA mantienen su atención en el cumplimiento de estándares democráticos, especialmente en materia de libertades y garantías ciudadanas.
Pese a las críticas, el gobierno defiende el decreto, insistiendo en que se trata de una herramienta necesaria para combatir la criminalidad y asegurar un clima de orden durante la temporada electoral. Autoridades recalcan que la medida es temporal y que su objetivo es proteger a la población en zonas donde la presencia de grupos delictivos sigue siendo una amenaza constante.
En medio del debate, los ciudadanos continúan expresando preocupación por el equilibrio entre seguridad y libertad. Con las elecciones generales en puerta, la atención se centra ahora en cómo se aplicará el PCM-37-2025 en las próximas semanas y si su impacto afectará o no la participación electoral y la confianza en las instituciones del Estado.
