El gobierno de Estados Unidos analiza seriamente la posibilidad de ejecutar ataques militares selectivos contra narcotraficantes dentro de Venezuela. De acuerdo con fuentes citadas por la cadena NBC News, el Pentágono ha diseñado planes que contemplan ofensivas con drones contra líderes criminales y laboratorios de producción de drogas en las próximas semanas, aunque la decisión final aún depende de la aprobación del presidente Donald Trump.
Las revelaciones llegan en un contexto de fuerte despliegue militar estadounidense en el Caribe desde el verano pasado. Buques de guerra, aviones de combate y equipos especializados en operaciones marítimas ya patrullan la región. Hasta el momento, Washington ha reconocido la destrucción de cuatro embarcaciones rápidas procedentes de Venezuela, que según informes oficiales estaban vinculadas al narcotráfico.
Una de estas operaciones, registrada a inicios de septiembre, generó controversia internacional. La Armada estadounidense interceptó y hundió una lancha que habría sido operada por el grupo criminal Tren de Aragua, causando la muerte de once tripulantes. Aunque Washington aseguró que transportaban cargamentos de drogas, la falta de informes independientes alimentó dudas sobre el carácter de la misión.
Para Caracas, los movimientos de Estados Unidos son un acto de agresión encubierto. El presidente Nicolás Maduro sostiene que las operaciones navales y aéreas buscan erosionar la soberanía venezolana y abrir la puerta a un intento de derrocamiento del chavismo. En respuesta, el mandatario ha movilizado milicias y reforzado la seguridad en las zonas costeras como medida de disuasión.
La tensión no se limita al ámbito militar. En la arena diplomática, la estrategia estadounidense enfrenta cuestionamientos relacionados con el derecho internacional y la legitimidad de operaciones transfronterizas. Países latinoamericanos y organismos internacionales observan con preocupación los riesgos de escalada, especialmente si se producen víctimas civiles durante un eventual ataque.
Washington, por su parte, ha endurecido su narrativa contra Maduro. El Departamento de Justicia aumentó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano, a quien acusa de colaborar con el Cartel de los Soles y de facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Esta decisión refuerza la imagen de Maduro como objetivo estratégico en la política exterior de Trump.
Expertos en seguridad regional advierten que, de concretarse, los ataques en suelo venezolano tendrían un impacto más allá del combate al narcotráfico. Podrían desatar un nuevo ciclo de confrontación diplomática, reacciones de países aliados de Caracas e incidentes no deseados en aguas del Caribe, con consecuencias directas para el comercio internacional y la estabilidad de la región.
El escenario geopolítico muestra así un delicado equilibrio. Mientras Washington apuesta por la presión militar y económica para neutralizar a Maduro y sus aliados, Venezuela busca apoyo internacional para denunciar lo que califica como una agresión imperialista. En medio de este pulso, el Caribe se convierte en un tablero estratégico donde se cruzan intereses de poder, rutas del narcotráfico y tensiones globales.
