La ofensiva antidrogas lanzada por Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico continúa generando preocupación entre organizaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional (AI) advirtió que las operaciones podrían estar produciendo ejecuciones extrajudiciales sin que exista un mecanismo de verificación independiente, un vacío que impide conocer la naturaleza real de los más de 80 fallecidos reportados en el marco de estos operativos.
Nastassja Rojas, directora adjunta de AI para Venezuela, señaló en entrevista con EFE desde Bogotá que la Administración de Donald Trump mantiene un nivel de opacidad incompatible con los estándares internacionales. «Los derechos humanos no se desactivan en alta mar, ni por tratarse de operaciones contra el narcotráfico», subrayó. Según la experta, la falta de transparencia limita la capacidad de monitoreo y abre la puerta a abusos no supervisados.
Rojas, académica y defensora de derechos humanos con más de una década estudiando la crisis venezolana desde Colombia, advirtió que todos los Estados tienen la obligación de asegurar que sus acciones militares —especialmente en aguas internacionales— se ejecuten bajo parámetros claros de legalidad y respeto a la vida.
Impacto sobre civiles y migrantes
Aunque Washington sostiene que su estrategia apunta exclusivamente a organizaciones del narcotráfico, Amnistía Internacional alertó que las consecuencias podrían extenderse a población civil, pescadores artesanales y migrantes que utilizan rutas marítimas irregulares para huir de la región.
La ONG ha documentado un incremento de migrantes venezolanos desplazándose por vía marítima desde las elecciones de julio de 2024, lo que los sitúa en zonas donde se desarrollan operativos militares sin protocolos de verificación. «La migración irregular desde Venezuela ya está por alcanzar el medio millón de personas, y gran parte de ese flujo entra por pasos no regulados», advirtió Rojas.
Escalada militar en el Caribe
En los últimos meses, el gobierno de Donald Trump endureció su postura contra carteles latinoamericanos, a los que considera actores terroristas y contra quienes se ha declarado en “conflicto armado directo”. La escalada comenzó en agosto con el despliegue de buques militares en el Caribe y posteriormente se extendió al Pacífico, involucrando también a Colombia en la operación denominada Lanza del Sur, dirigida por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.
Los gobiernos de Nicolás Maduro y Gustavo Petro —ambos acusados por Washington de vínculos con el narcotráfico— han denunciado ataques a embarcaciones como actos de asesinato y ejecuciones extrajudiciales. Amnistía Internacional coincide en la preocupación y ha intentado contactar a sobrevivientes, aunque sin éxito, según Rojas.
Uno de los pocos repatriados, el colombiano Jeison Obando, regresó al país el 18 de octubre “con trauma cerebral, sedado, drogado y con respiración asistida”, según reportó el ministro del Interior, Armando Benedetti. AI sostiene que el caso evidencia la necesidad de investigar de forma independiente los procedimientos de las fuerzas estadounidenses.
La tensión regional aumentó aún más tras la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford al mar Caribe este domingo, el buque más grande de la flota norteamericana, lo que refuerza el músculo militar desplegado por Washington y eleva las alarmas sobre un posible incremento en los riesgos para civiles.
