El fiscal general de la República, Johel Zelaya, volvió al centro del debate público tras presentarse este jueves en la Corte Suprema de Justicia acompañado del jefe de UFERCO, Luis Javier Santos, para exigir información sobre expedientes con hasta siete años sin resolución. Sin embargo, la acción, presentada por el fiscal como un gesto de defensa del interés público, profundizó las críticas que desde distintos sectores cuestionan la coherencia y el verdadero alcance de su gestión.
Durante su comparecencia, Zelaya calificó como “vergonzoso” el retraso judicial en casos emblemáticos como Red de Diputados, Pandora, Caja Chica de la Dama, Pacto de Impunidad, Gualcarque, Corrupción sobre Ruedas, entre otros. Con un discurso encendido, aseguró que “la justicia no puede estar en manos de cobardes” y se proclamó como un fiscal que “representa al pueblo hondureño, desde los Tahuakas hasta los garífunas, y a todas las etnias del país”.
Sin embargo, sus palabras no fueron recibidas con entusiasmo en todos los sectores. Analistas, opositores políticos e incluso organizaciones de sociedad civil señalan que la actuación del fiscal general se caracteriza, precisamente, por lo contrario a lo que afirma: selectividad, discrecionalidad y omisión en expedientes sensibles que involucran al gobierno vigente.
Mientras Zelaya acusa a la Corte de no avanzar en casos heredados, voces críticas cuestionan por qué expedientes recientes como los de Koriun, SEDESOL, irregularidades en compras públicas, redes de corrupción dentro de instituciones de la actual administración o denuncias sobre uso indebido de fondos no aparecen en su ferviente listado de prioridades.
Para sus detractores, esta ausencia confirma que las visitas, discursos y conferencias del fiscal general parecen más alineados a una narrativa política que a una estrategia integral de combate a la corrupción. “Si de verdad fuera fiscal de todos, investigaría a todos”, expresó un analista consultado por este medio.
Asimismo, sectores académicos advierten que la creciente exposición pública de Zelaya —con intervenciones cargadas de lenguaje confrontativo y simbología política— deteriora institucionalmente la figura del Ministerio Público y compromete la independencia que debe regir sus actuaciones.
El fiscal anunció que enviará un comunicado al país detallando la etapa procesal de cada expediente mencionado. Sin embargo, para amplios sectores, la pregunta continúa siendo la misma:
¿Dónde están los expedientes del actual gobierno y por qué no reciben el mismo ímpetu?
Mientras tanto, la polémica alrededor de su labor sigue creciendo, y con ello la preocupación sobre el uso político de una institución clave para la democracia y el Estado de derecho.
