GAZA.— La decisión de las autoridades militares israelíes de cerrar el proceso relacionado con la muerte de siete trabajadores humanitarios de World Central Kitchen (WCK) volvió a colocar a Gaza en el centro de una fuerte disputa diplomática. Reino Unido, Australia y Canadá cuestionaron duramente la determinación anunciada el 19 de agosto y reclamaron que los responsables rindan cuentas por el ataque ocurrido en abril de 2024.

La reacción de los tres gobiernos occidentales fue contundente. En una declaración conjunta difundida este viernes, calificaron de “vergonzosa” la decisión de no continuar con una investigación criminal y señalaron que durante más de dos años habían pedido a Israel una revisión rápida y exhaustiva del caso. También exigieron mayores garantías para que el personal humanitario pueda desarrollar su trabajo sin convertirse en objetivo de ataques.

El episodio que originó la controversia ocurrió el 1 de abril de 2024, cuando tres vehículos de WCK que participaban en una operación de asistencia alimentaria fueron alcanzados por ataques israelíes. Los siete trabajadores fallecidos eran ciudadanos de Reino Unido, Australia, Polonia, Palestina y una persona con nacionalidad estadounidense y canadiense.

Israel había reconocido desde entonces que se trató de un grave error. Una investigación militar publicada en abril de 2024 concluyó que hubo una identificación equivocada de los vehículos y graves fallas en la toma de decisiones y en el cumplimiento de los procedimientos operativos. Como consecuencia, dos oficiales fueron destituidos y varios mandos recibieron reprimendas.

Sin embargo, la revisión interna no derivó en cargos criminales. Según la explicación israelí, los militares involucrados creyeron erróneamente que estaban atacando a combatientes de Hamás, mientras que las autoridades determinaron que no existía una sospecha razonable de conducta criminal que justificara abrir una investigación penal. Esa conclusión es precisamente la que ahora genera nuevas críticas internacionales.

World Central Kitchen, organización fundada por el chef José Andrés, ha rechazado la falta de una investigación independiente y ha insistido en la necesidad de esclarecer completamente las circunstancias de la muerte de sus trabajadores. La organización sostiene que la misión humanitaria estaba coordinada y que sus vehículos estaban claramente identificados.

Para los gobiernos de Londres, Canberra y Ottawa, el caso adquiere una dimensión mayor porque se suma a las denuncias sobre la seguridad de los trabajadores humanitarios en Gaza. En su pronunciamiento, señalaron que el ataque contra WCK forma parte de una larga lista de incidentes en los que, según su valoración, no ha existido suficiente rendición de cuentas. Los tres países recordaron además que 186 trabajadores humanitarios murieron en Gaza durante 2025, de acuerdo con su comunicado.

La controversia llega mientras el ejército israelí enfrenta nuevas exigencias de transparencia por otros episodios ocurridos durante la guerra. Esta semana, las autoridades militares anunciaron investigaciones criminales sobre dos casos de alto perfil: la muerte de la niña palestina Hind Rajab, de cinco años, y la de 15 paramédicos palestinos. Al mismo tiempo, otras investigaciones fueron cerradas, incluida la relacionada con los cooperantes de WCK.

En paralelo a la disputa sobre responsabilidades, Estados Unidos ha comenzado a financiar una propuesta para el futuro de Gaza. La administración del presidente Donald Trump destinó más de 206 millones de dólares a una futura Fuerza Internacional de Estabilización, con 200 millones dirigidos a infraestructura, equipamiento y operaciones, además de otros 6 millones para adaptar vehículos blindados estadounidenses.

El proyecto estadounidense contempla una fuerza internacional que contribuya a garantizar la seguridad, facilitar la ayuda humanitaria y apoyar la transición posterior a un eventual repliegue israelí. No obstante, su implementación permanece trabada por desacuerdos entre Israel y Hamás sobre asuntos centrales, especialmente el desarme del grupo palestino y las condiciones para una retirada israelí. Cinco países han expresado hasta ahora su disposición a aportar tropas, mientras Egipto y Jordania participarían en la capacitación de fuerzas policiales palestinas.

Así, mientras Washington intenta avanzar en un esquema internacional para la estabilización de Gaza, el cierre del caso WCK abre un nuevo frente de presión contra Israel entre algunos de sus aliados occidentales. La exigencia de justicia para los trabajadores humanitarios se entrelaza con un debate más amplio sobre la protección de civiles, el cumplimiento del derecho internacional humanitario y la credibilidad de los mecanismos internos de investigación.

El episodio demuestra que, pese a los esfuerzos diplomáticos para encontrar una salida al conflicto, la rendición de cuentas por las acciones cometidas durante la guerra continúa siendo uno de los principales obstáculos políticos. Para las familias de los siete trabajadores asesinados y para las organizaciones humanitarias, el cierre de la investigación deja preguntas pendientes; para los gobiernos que lo condenan, representa una oportunidad para exigir mayores garantías antes de cualquier nuevo esquema internacional destinado a operar en Gaza.