Tegucigalpa, Honduras.— El retorno de hondureños desde el extranjero mantiene una tendencia creciente durante 2026. De acuerdo con el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Carlos Cordero, 30,965 ciudadanos fueron deportados entre el 1 de enero y el 20 de agosto, procedentes principalmente de Estados Unidos, México y Guatemala.

Estados Unidos representa la principal fuente de estos retornos, con 27,828 hondureños enviados por vía aérea durante ese período. México registra otros 3,046 retornados por vía terrestre, mientras que Guatemala suma 91, cifras que explican prácticamente la totalidad de los deportados contabilizados por el INM.

El panorama migratorio adquiere una dimensión adicional debido al fin definitivo del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 55,000 hondureños que permanecían bajo ese beneficio en Estados Unidos. Sectores hondureños han advertido que la pérdida de esta protección puede incrementar el riesgo de deportación para personas que durante años han construido sus vidas en territorio estadounidense.

El Gobierno hondureño, entretanto, ha buscado gestionar con Washington una transición que permita atender la situación de los compatriotas afectados. La canciller Mireya Agüero descartó que necesariamente vaya a producirse un retorno masivo inmediato y sostuvo que las autoridades trabajan para reducir el impacto de la decisión estadounidense.

Más allá de las cifras migratorias, el fenómeno también tiene implicaciones económicas. Los hondureños residentes en el exterior, especialmente en Estados Unidos, constituyen una fuente fundamental de remesas para miles de hogares del país; por ello, un aumento considerable de los retornos podría repercutir tanto en las familias directamente afectadas como en los ingresos provenientes del exterior.

Las autoridades hondureñas deberán enfrentar ahora el desafío de atender a quienes regresan y, al mismo tiempo, prepararse para un posible incremento de retornos en los próximos meses. El INM dispone de programas de atención para hondureños retornados, mientras el debate nacional se concentra en empleo, reinserción económica y protección de las familias ante un escenario migratorio cada vez más complejo.