TEGUCIGALPA, Honduras, 2 de octubre de 2026. La Corte de Apelaciones resolvió mantener las decisiones adoptadas previamente por el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada dentro del expediente relacionado con Koriun Inversiones, después de analizar los recursos presentados por las partes. El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva, confirmó este viernes los alcances de la resolución.

El fallo mantiene el auto de formal procesamiento contra Iván Abad Velásquez Castro, exgerente de Koriun, quien enfrenta señalamientos por lavado de activos, desobediencia, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones de uso permitido y prohibido, además de asociación para delinquir. La decisión implica que deberá continuar sometido a prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

La misma determinación judicial alcanza a Marcos Abel Villeda Galdámez y Juan Carlos García Ríos, procesados por los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir. En ambos casos, el tribunal de alzada confirmó tanto el procesamiento como las medidas cautelares dictadas desde la audiencia inicial, incluida la prisión preventiva.

Una situación diferente corresponde a Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, contra quien también se confirmó el auto de formal procesamiento por lavado de activos y asociación para delinquir. No obstante, la Corte mantuvo las medidas cautelares distintas de la prisión preventiva que ya habían sido establecidas, por lo que continuará el proceso en libertad bajo las condiciones fijadas por el juzgado.

Entre las medidas que deberá cumplir Gavarrete Sánchez figuran arresto domiciliario, sometimiento a vigilancia, restricciones para abandonar el territorio establecido, prohibiciones respecto a determinados lugares y comunicaciones, además de una caución. Según explicó el portavoz judicial, su condición de posparto fue acreditada durante una revisión de medidas y fue tomada en cuenta al determinar las cautelares.

El caso Koriun se encuentra bajo investigación desde 2025. El Ministerio Público ha sostenido que la empresa realizó captación irregular de fondos y ha presentado acusaciones por lavado de activos y asociación para delinquir contra varios de sus administradores. En julio de 2025, la Fiscalía informó además sobre una ampliación de acusaciones contra involucrados en diferentes sucursales, sustentada en análisis financieros y patrimoniales.

Con la resolución de la Corte de Apelaciones, Velásquez Castro, Villeda Galdámez y García Ríos continuarán bajo prisión preventiva, mientras Gavarrete Sánchez seguirá su proceso con medidas cautelares diferentes a la prisión. La decisión no constituye una sentencia definitiva sobre la responsabilidad penal de los imputados, por lo que el proceso continuará en las instancias judiciales correspondientes.