El Congreso Nacional mantiene abierto el proceso de diálogo para fortalecer el proyecto de reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica, una iniciativa considerada estratégica para enfrentar la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Así lo confirmó este martes el secretario del Poder Legislativo, Carlos Ledezma, quien aseguró que la prioridad es alcanzar el mayor consenso posible antes de que la propuesta sea sometida a su tercer y último debate.

El parlamentario explicó que, tras los acuerdos alcanzados entre el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y los jefes de bancada, se habilitó un período para que las diferentes fuerzas políticas presenten observaciones, sugerencias o contrapropuestas que permitan enriquecer el contenido del dictamen antes de su discusión definitiva en el pleno.

De acuerdo con Ledezma, hasta el momento la única bancada que ha anunciado formalmente la presentación de una propuesta alternativa es la del Partido Liberal. Indicó que esa fuerza política ha informado que contará con el apoyo de un experto internacional y de un jurista especializado para analizar el proyecto y formular recomendaciones orientadas a fortalecer el texto de la reforma.

El secretario del Congreso reiteró que uno de los principios fundamentales de la iniciativa es preservar el carácter público de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. En ese sentido, afirmó que la ENEE continuará siendo patrimonio del Estado hondureño y que las modificaciones legales buscan dotarla de herramientas que permitan recuperar su sostenibilidad financiera y operativa.

Ledezma sostuvo que la situación económica de la estatal eléctrica exige la adopción de medidas estructurales. Señaló que, de mantenerse las condiciones actuales, las pérdidas económicas continuarán representando una fuerte carga para las finanzas públicas, por lo que consideró urgente avanzar en reformas que permitan corregir los problemas acumulados durante varios años.

El legislador insistió en que el debate sobre la reforma energética debe trascender las diferencias partidarias, al considerar que el futuro del sistema eléctrico tiene implicaciones directas sobre la economía nacional, la inversión, la competitividad y la calidad del servicio que reciben millones de hondureños. "Esto no es un tema político, es un tema de país", expresó.

Además del proyecto energético, Ledezma abordó el mecanismo mediante el cual los diputados gestionan ayudas para organizaciones sociales, alcaldías, patronatos, iglesias y otras instituciones. Explicó que los recursos no serán entregados directamente a los congresistas, sino que serán canalizados hacia las entidades beneficiarias conforme a procedimientos administrativos establecidos.

Como parte de ese proceso, informó que el Congreso Nacional trabaja en la elaboración de un reglamento que establecerá los criterios para la asignación, administración y fiscalización de esos recursos. La normativa también definirá mecanismos orientados a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el control del uso de los fondos públicos.

El secretario legislativo añadió que el Congreso ha solicitado el acompañamiento de organismos de sociedad civil, entre ellos la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con el propósito de desarrollar labores de auditoría, veeduría y supervisión durante la ejecución de los proyectos financiados.

La discusión sobre la reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica se desarrolla en un momento clave para el sector energético hondureño, marcado por los desafíos financieros de la ENEE y la necesidad de fortalecer la transparencia institucional. Mientras continúan las negociaciones entre las bancadas, el Congreso apuesta por construir un amplio consenso que permita aprobar una legislación con respaldo político y orientada a garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional.