La aprobación de la Ley de Justicia Energética abre, según el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, una oportunidad para reconstruir la capacidad operativa de la estatal y colocar al sistema eléctrico hondureño bajo un esquema diferente. El Congreso Nacional aprobó la reforma el pasado 31 de agosto con 78 votos, después de un prolongado proceso de discusión y negociación política.
Para Aguilar, el cambio dejó de ser una alternativa y se convirtió en una necesidad frente a los problemas acumulados por la ENEE. El dirigente sostiene que Honduras permaneció rezagado respecto a otros países de la región en materia de organización energética, mientras la empresa estatal continuaba sometida a disposiciones que, a su juicio, dificultaban su recuperación institucional y financiera. En ese contexto, identificó especialmente los decretos 404 de 2013 y 46 de 2022 como parte de las normas que condicionaban el funcionamiento de la institución.
El punto central de la posición sindical es que modernizar la empresa no debe significar privatizarla. Aguilar rechazó las versiones que advierten sobre una eventual pérdida del carácter público de la ENEE y afirmó que el nuevo modelo mantiene el 100 % de la propiedad estatal. La legislación aprobada establece que la empresa matriz y las nuevas estructuras operativas permanecerán bajo control público.
La transformación contempla una reorganización de las principales actividades del sistema. De acuerdo con la nueva normativa, generación, transmisión y distribución serán estructuradas mediante subsidiarias, mientras la ENEE permanecerá como empresa matriz. La intención es otorgar mayor autonomía administrativa, técnica, operativa y financiera a esas áreas, manteniendo la propiedad pública.
Aguilar considera que esta separación puede permitir que cada segmento sea administrado con mayor eficiencia y que la estatal recupere capacidad para responder a las necesidades del país. Sin embargo, el propio sindicato ha advertido que la implementación debe garantizar los derechos de los trabajadores. Por ello, el STENEE inició un proceso de análisis técnico, operativo y laboral de la reforma y anunció que presentará sus planteamientos a la Gerencia General de la ENEE.
Uno de los desafíos más importantes estará en la distribución eléctrica, área que el dirigente sindical ha señalado como especialmente vulnerable debido a las pérdidas del sistema. En declaraciones previas, Aguilar estimó que esta actividad registra pérdidas cercanas al 38 % y requeriría inversiones importantes para su recuperación, mientras planteó la necesidad de fortalecer también la generación y la transmisión.
La reforma también incorpora medidas de impacto inmediato para los usuarios. Entre ellas figura el congelamiento temporal de la tarifa eléctrica durante seis meses, con posibilidad de extensión conforme a las disposiciones de la ley. Asimismo, se establecen nuevas reglas para las compras de energía y una reorganización del funcionamiento del subsector.
Ahora comienza la etapa que determinará si los cambios legales se convierten en resultados concretos. Aguilar llamó a la población a conocer el contenido de la reforma antes de emitir conclusiones y sostuvo que el nuevo esquema puede permitir a la ENEE superar las limitaciones acumuladas, mejorar su capacidad operativa y preservar su naturaleza pública. El reto será traducir la reorganización institucional en menos pérdidas, mayor inversión, mejor servicio y sostenibilidad financiera, mientras el STENEE reclama participar activamente en el proceso de transición.
