La Policía Nacional de Honduras se encuentra a la espera de cumplir las disposiciones judiciales emitidas contra dos exfuncionarios del Estado, en un caso que involucra decisiones adoptadas durante el funcionamiento de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. Así lo manifestó Melvin García, director de Operaciones de la institución policial, al referirse a las órdenes contra Luis Redondo y el exdirector de la ENAG.

García explicó que la actuación policial depende de los procedimientos oficiales y de la documentación remitida por las autoridades competentes. “Tenemos conocimiento de que ya se han girado órdenes de captura para estas dos personas y estamos atentos a la notificación”, expresó el funcionario, al asegurar que la Policía actuará conforme a sus atribuciones una vez recibidos los documentos correspondientes.

Las declaraciones se producen después de que una jueza natural emitiera órdenes de captura contra Redondo, expresidente del Congreso Nacional, y Edis Antonio Moncada Eguigure, exgerente general de la ENAG. Según reportes publicados este viernes, las autoridades de Seguridad confirmaron que los documentos judiciales fueron recibidos y que se activaron los procedimientos para darles cumplimiento.

García sostuvo que la institución policial tiene la responsabilidad de actuar cuando recibe una orden válida y dispone de los elementos necesarios para ejecutarla. En ese sentido, afirmó que los equipos deben realizar las diligencias pertinentes para ubicar a las personas requeridas y procurar su captura de manera oportuna, conforme a los protocolos establecidos.

El caso contra ambos exfuncionarios está relacionado con las actuaciones de la extinta Comisión Permanente del Poder Legislativo. De acuerdo con la información divulgada sobre el expediente, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra 14 personas por un total de 21 presuntos delitos, vinculados con decisiones adoptadas durante el período legislativo anterior.

Entre los cargos atribuidos a Luis Redondo figuran presunta perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios. A Edis Moncada, por su parte, se le atribuyen tres presuntos delitos de violación de los deberes de los funcionarios, según los reportes sobre las actuaciones judiciales.

Uno de los elementos que condiciona las diligencias es la situación de Redondo, quien, según publicaciones de medios hondureños, se encuentra fuera del país. En su caso, se informó sobre gestiones relacionadas con una alerta internacional de captura y la coordinación con los organismos correspondientes. La ejecución de las disposiciones judiciales dependerá de los procedimientos legales y de las circunstancias particulares de cada requerido.