El mejoramiento de la infraestructura escolar podría recibir un nuevo respaldo desde el Congreso Nacional, luego de que el diputado liberal por el departamento de Gracias a Dios, Mardel Wood Madsin, presentara una iniciativa para destinar recursos públicos a dos organizaciones dedicadas a proyectos educativos en Honduras. La propuesta contempla una asignación total de 10 millones de lempiras, distribuida en partes iguales entre ambas fundaciones.
De acuerdo con el proyecto, L5 millones serían destinados a la Fundación 1000 Escuelas, con el propósito de financiar trabajos de construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación y reparación de centros educativos. La iniciativa pretende respaldar particularmente las obras impulsadas por el filántropo y creador de contenido japonés Shin Fujiyama, cuyo proyecto One Thousand Schools ha desarrollado intervenciones en diferentes comunidades del país.
El trabajo de Fujiyama ha incluido proyectos en zonas con necesidades de infraestructura educativa. Reportes recientes señalan que para julio de 2026 se habían construido o reconstruido más de 110 centros educativos mediante su iniciativa, mientras que durante agosto también se inició la construcción de una escuela en la zona de La Mosquitia hondureña.
La segunda partida, igualmente por L5 millones, estaría dirigida a The Foundation for Education in Honduras (FEIH), organización que trabaja principalmente en comunidades rurales de alta necesidad. Según información publicada por la propia fundación, sus proyectos incluyen la renovación y construcción de escuelas, provisión de materiales y participación de las comunidades locales; actualmente reporta 25 escuelas construidas y más de 4,500 estudiantes beneficiados.
La iniciativa legislativa plantea que sea el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, el encargado de identificar, habilitar y asignar las partidas presupuestarias correspondientes con cargo al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del ejercicio fiscal 2026. El texto establece además que los recursos deberán administrarse bajo criterios de transparencia, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas.
Al tratarse de una iniciativa presentada ante el Congreso Nacional, las asignaciones propuestas todavía deben cumplir el procedimiento legislativo correspondiente antes de convertirse en una obligación presupuestaria. El proyecto establece que, de ser aprobado, el decreto entraría en vigencia después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, por lo que el destino definitivo de los fondos dependerá del resultado de la discusión y aprobación legislativa.
