Támara, Francisco Morazán. 6 de noviembre de 2026.- El control de las cárceles hondureñas volvió a colocarse en el centro de la agenda de seguridad, luego de que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, encabezara una inspección en los módulos de máxima y alta seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Támara. El recorrido se realizó este viernes junto con integrantes de las comisiones legislativas relacionadas con defensa y seguridad, así como representantes de las instituciones responsables de combatir la criminalidad. El propósito fue conocer directamente las condiciones de funcionamiento de las instalaciones y verificar los mecanismos establecidos para mantener bajo vigilancia a los privados de libertad considerados de alta peligrosidad.
Durante la supervisión, Zambrano sostuvo que el Estado debe recuperar plenamente el control de los establecimientos penitenciarios y evitar que las organizaciones delictivas continúen utilizando las cárceles para coordinar actividades criminales.
El titular del Legislativo defendió las medidas de aislamiento y vigilancia, al señalar que quienes han cometido delitos deben cumplir las disposiciones establecidas por la legislación hondureña. También reiteró que no habrá concesiones para integrantes de estructuras criminales y que el combate a las maras, pandillas y otras organizaciones debe mantenerse mediante acciones coordinadas entre las instituciones estatales.
Uno de los principales aspectos examinados fue la aplicación del régimen especial de máxima seguridad, que contempla restricciones severas a la movilidad y las comunicaciones de los reclusos. De acuerdo con las explicaciones ofrecidas por Zambrano, los internos permanecen 23 horas y media dentro de sus celdas y disponen de 30 minutos para realizar ejercicios físicos, mientras que el acceso a una hora de sol semanal también está contemplado. Las comunicaciones con sus abogados se desarrollan bajo mecanismos controlados, mediante espacios separados por vidrio blindado y sistemas telefónicos, como parte de los protocolos de seguridad.
La inspección también permitió conocer las condiciones de ocupación de las instalaciones destinadas a los privados de libertad vinculados con organizaciones criminales. Según información divulgada durante la jornada, el módulo de máxima seguridad alberga actualmente a 110 internos, mientras que los dos módulos de alta seguridad tienen capacidad para recibir a 600 personas, distribuidas en 40 celdas. Estas instalaciones forman parte de la reorganización del sistema penitenciario, que busca separar a los reclusos de acuerdo con su perfil de peligrosidad y evitar que mantengan contacto o comunicación no autorizada con otros integrantes de estructuras delictivas.
En el recorrido participaron, entre otros funcionarios, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez; el director general de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass; el subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Luis Rosales; el diputado Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana, y Kilvett Bertrand, titular de la Comisión de Defensa y Soberanía. La presencia de representantes de diferentes instituciones refleja la coordinación que el Gobierno y el Congreso buscan establecer para respaldar las nuevas disposiciones penitenciarias y fortalecer las operaciones contra las organizaciones criminales.
Las restricciones aplicadas en estos módulos responden a las reformas introducidas mediante el Decreto Legislativo 208-2026, que estableció un régimen especial para personas vinculadas con organizaciones declaradas terroristas. Entre las disposiciones figuran el aislamiento individual, la prohibición de dispositivos electrónicos y comunicaciones no autorizadas, las limitaciones a las visitas familiares y conyugales, así como la vigilancia permanente mediante cámaras y personal penitenciario. El Instituto Nacional Penitenciario también ha informado sobre la elaboración de perfiles para determinar qué privados de libertad deben ser trasladados a este régimen.
Zambrano manifestó que el Congreso continuará acompañando las acciones de las autoridades responsables de la seguridad, mediante supervisiones, reformas legales y respaldo a las instituciones encargadas de enfrentar el crimen organizado. Además, durante su visita no descartó que otras estructuras criminales hondureñas puedan ser declaradas organizaciones terroristas en los próximos días, ampliando así el alcance de las medidas especiales de seguridad. El legislador sostuvo que las acciones contra las maras, pandillas y grupos delictivos se intensificarán en diferentes regiones del territorio nacional.
La inspección en Támara forma parte de una estrategia más amplia para recuperar el control de los centros penitenciarios y evitar que desde su interior se planifiquen extorsiones, amenazas y otras actividades delictivas. El desafío para las autoridades será demostrar que las nuevas medidas producen resultados sostenibles, con controles efectivos, supervisión institucional y respeto a las garantías legales de las personas privadas de libertad. Al concluir la jornada, Zambrano reiteró su compromiso de respaldar las acciones necesarias para recuperar la tranquilidad de los hondureños y advirtió que el Estado mantendrá una posición firme frente a las organizaciones criminales.
