Asunción, Paraguay. 6 de noviembre de 2026.- Una de las mayores crisis institucionales de los últimos años sacude a Paraguay después de que el Senado destituyera al presidente Santiago Peña mediante un juicio político y, pocas horas más tarde, la Fiscalía ordenara su detención. La decisión legislativa recibió 44 votos favorables de los senadores presentes, que lo declararon responsable de mal desempeño de sus funciones. Con la destitución, el mandatario perdió también los fueros que le correspondían como expresidente, abriendo el camino para que las autoridades judiciales procedieran en su contra.
La orden del Ministerio Público está relacionada con una investigación penal por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles derivados del escándalo financiero de Ueno Bank. Peña deberá permanecer bajo arresto domiciliario mientras avanzan las diligencias de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. La medida también alcanza al expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, cuya detención fue solicitada por los fiscales que investigan las posibles responsabilidades de antiguos funcionarios en la crisis bancaria.
El origen de la controversia se encuentra en la intervención de Ueno Bank, ordenada por las autoridades financieras paraguayas ante los problemas de solvencia detectados en la institución. La medida provocó restricciones en el acceso a depósitos y servicios bancarios, afectando a millones de clientes y generando incertidumbre entre ahorrantes y entidades públicas. Según reportes de Associated Press, el banco tenía aproximadamente 2.9 millones de clientes y había recibido más de 800 millones de dólares en recursos públicos durante su expansión.
Las investigaciones también examinan los vínculos financieros que Peña mantuvo con empresas relacionadas con el conglomerado empresarial propietario de Ueno Bank. Según documentos patrimoniales divulgados por medios paraguayos, el entonces mandatario había declarado participaciones accionarias en Ueno Holding, además de otros instrumentos financieros vinculados al grupo empresarial, que posteriormente habría vendido. Los legisladores cuestionaron si existieron conflictos de interés y si las autoridades responsables de supervisar el sistema bancario actuaron oportunamente ante los riesgos financieros. Peña ha negado haber cometido irregularidades.
La crisis también provocó un cambio inmediato en la conducción del Ejecutivo paraguayo. El vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de la República para completar el período constitucional hasta agosto de 2028, después de que el Senado consumara la destitución. La salida de Peña representa un fuerte golpe para el Partido Colorado, que enfrenta cuestionamientos por la gestión de los recursos públicos y la supervisión financiera. Entretanto, las autoridades continúan investigando las operaciones de Ueno Bank y las posibles responsabilidades de funcionarios y empresarios.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso mantiene en vilo a miles de familias, trabajadores y ahorrantes que esperan recuperar el acceso a sus recursos financieros. Las denuncias también involucran depósitos de instituciones públicas y fondos vinculados al sistema de previsión social, lo que amplía las repercusiones económicas y políticas del escándalo. La Fiscalía deberá determinar si existieron decisiones irregulares, utilización indebida de influencias o perjuicios al patrimonio estatal. Por ahora, Santiago Peña enfrenta una investigación penal y una medida de arresto domiciliario, sin que ello equivalga a una sentencia condenatoria.
