La crisis financiera que sacude a Paraguay terminó colocando al presidente Santiago Peña frente a una de las mayores pruebas políticas de su mandato. El gobernante anunció este jueves 5 de noviembre su decisión de abandonar la Presidencia y formalizó su dimisión ante el Congreso, en medio de las presiones generadas por el caso Ueno Bank.

El detonante fue la intervención de Ueno Bank, ordenada por el Banco Central paraguayo después de detectar que sus niveles de solvencia habían caído por debajo del mínimo requerido. La medida dejó a aproximadamente 2.9 millones de clientes sin acceso normal a sus cuentas, en un país de poco más de seis millones de habitantes.

La dimensión del problema también encendió las alarmas por los recursos públicos depositados en la entidad. De acuerdo con reportes internacionales, Ueno administraba cerca de 850 millones de dólares pertenecientes a instituciones y organismos estatales, entre ellos fondos vinculados al sistema de previsión social. La situación generó preocupación entre ahorrantes, trabajadores y jubilados que temen por la recuperación de su dinero.

La relación empresarial que Peña mantuvo con el grupo propietario del banco también quedó bajo escrutinio. El mandatario fue accionista de Grupo Vázquez, antiguo propietario de Ueno, hasta marzo de 2025. Legisladores lo señalaron por presuntos conflictos de interés y posibles irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos; Peña, por su parte, negó haber cometido actos indebidos.

En un mensaje difundido públicamente, Peña justificó su decisión como una medida orientada a preservar la estabilidad nacional, la paz social y las instituciones democráticas. También pidió disculpas a la ciudadanía si en algún momento había fallado y expresó que su principal preocupación era garantizar la devolución de los depósitos, proteger los recursos estatales y asegurar que funcionara el Fondo de Garantía de Depósitos.

Pero la renuncia no detuvo la ofensiva política. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 78 votos, la acusación para someter al mandatario a un juicio político por presunto mal desempeño de sus funciones. El expediente fue remitido al Senado, que debe intervenir en la siguiente etapa del procedimiento. Además, la decisión abrió una disputa sobre si debía aceptarse primero la dimisión o continuar el proceso de destitución.

La salida de Peña tampoco quedó resuelta de inmediato. Una sesión conjunta del Congreso convocada para abordar su renuncia terminó sin quórum, por lo que no se completó el trámite parlamentario. En consecuencia, la dimisión anunciada no significó una transferencia automática del poder. La situación institucional quedó pendiente de una decisión legislativa, mientras avanzaba el debate sobre el juicio político.

En caso de que la renuncia sea aceptada, el vicepresidente Pedro Alliana sería quien asumiría la Presidencia para completar el período constitucional, previsto hasta agosto de 2028. Entretanto, la crisis ya provocó la salida del titular del Banco Central y la detención de ocho directivos vinculados a Ueno. Paraguay enfrenta así un escenario de incertidumbre política y financiera, mientras miles de ciudadanos esperan respuestas sobre sus ahorros y el destino de los fondos públicos.