Una nueva denuncia sobre el manejo de los recursos públicos durante la administración anterior pone bajo cuestionamiento los gastos de la extinta Secretaría de Planificación Estratégica. Leonel Núñez, integrante de la comisión liquidadora del Gobierno, solicitó la intervención del Ministerio Público (MP) y del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para revisar las operaciones financieras de esa dependencia y determinar si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales.

De acuerdo con las cifras expuestas por Núñez, la institución habría manejado más de 1,694 millones de lempiras durante 2025, una cantidad que consideró desproporcionada frente a los resultados que, según su valoración, se obtuvieron. El funcionario cuestionó que, pese a semejante disponibilidad de fondos, no se conozcan resultados concretos ni un plan estratégico de desarrollo que justifique las inversiones realizadas.

La comisión solicitó investigar el pago de más de 54 millones de lempiras a un asesor extranjero durante un período de 18 meses. Núñez también señaló la contratación de ciudadanos procedentes de Cuba y Venezuela, quienes habrían ingresado al país bajo diferentes modalidades profesionales, entre ellas asesorías de organización territorial y funciones relacionadas con la enseñanza del ajedrez.

La lista de contrataciones mencionada por el integrante de la comisión liquidadora también incluye personas procedentes de Argentina, Rusia y otras nacionalidades, aunque aseguró que la mayoría de los asesores extranjeros provenían de Cuba y Venezuela. Para Núñez, es necesario establecer qué servicios prestaron, cuáles fueron los beneficios obtenidos y si las remuneraciones pagadas correspondían a trabajos efectivamente realizados.

Los gastos en logística también forman parte de los señalamientos. Según la denuncia, únicamente en 2025 se habrían utilizado más de 18 millones de lempiras para alquilar vehículos, sin contar los desembolsos destinados a boletos aéreos, hospedajes, alimentación y combustible. Núñez pidió que estos movimientos financieros sean examinados para establecer su justificación, destino y correspondencia con las actividades oficiales de la institución.

Otro aspecto que el funcionario considera necesario esclarecer es si parte de los recursos públicos pudo haber sido utilizada para favorecer actividades de campaña política del partido Libertad y Refundación (Libre). En ese sentido, sostuvo que las instituciones estatales no deben convertirse en instrumentos de financiamiento partidario y pidió a los organismos de control verificar si existieron transferencias o gastos con esa finalidad.

En cuanto al proceso de liquidación de las secretarías de Estado y otras dependencias asignadas a la comisión, Núñez manifestó su satisfacción por los avances alcanzados. Aseguró que se han destinado más de 160 millones de lempiras al pago de prestaciones laborales y que también se atendieron compromisos por servicios públicos, obligaciones con proveedores que presentaron la documentación requerida y pagos relacionados con publicidad a medios de comunicación y periodistas independientes. Asimismo, mencionó compromisos con el Injupemp y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Núñez reiteró que toda la documentación correspondiente a las instituciones liquidadas se encuentra digitalizada y disponible para las revisiones de las autoridades competentes. Su petición es que el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas profundicen en los hallazgos y determinen si existen irregularidades que ameriten acciones legales. «Si existen indicios de la comisión de un delito, hay que proceder; si existen responsabilidades civiles o administrativas», expresó, dejando en manos de los organismos fiscalizadores la determinación de posibles responsabilidades.