La intervención policial se concentró en el sector de La Guasalona, en la colonia El Pedregal, donde equipos especializados de la Policía Nacional localizaron y capturaron a un hombre señalado como presunto integrante activo de la Pandilla 18. La operación fue ejecutada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), con apoyo de efectivos motorizados de la Unidad Metropolitana de Prevención número 3 (UMEP-3). El procedimiento se desarrolló el 5 de noviembre en Tegucigalpa, como parte de las acciones contra las estructuras criminales.

El detenido fue identificado como José Arturo Banegas García, de 31 años, conocido presuntamente dentro de esa organización con los alias de “Pitoche” y “Pirata”. Según la información proporcionada por las autoridades, es originario de Tegucigalpa y residía en el mismo sector donde se realizó el operativo. Los informes de inteligencia policial lo ubican con el rango de “Homie”, denominación que, de acuerdo con los registros de la institución, corresponde a una posición dentro de la estructura de la pandilla.

Las investigaciones policiales sostienen que Banegas García habría mantenido vínculos con la Pandilla 18 durante aproximadamente cinco años. Su perfil también fue objeto de revisión debido a los antecedentes que aparecen en los registros oficiales, particularmente una detención realizada en 2014 por el supuesto delito de extorsión. Estos datos forman parte de los elementos que, según la Policía, fueron considerados durante las labores de inteligencia y seguimiento que precedieron a su captura.

El historial penitenciario reportado por las autoridades incluye su traslado al centro penal de La Tolva en 2017 y posteriormente al establecimiento penitenciario de Ilama, Santa Bárbara, en 2023. Los registros policiales indican que recuperó su libertad en 2025. Tras su salida de prisión, los equipos de inteligencia mantuvieron el seguimiento de sus presuntas actividades y posibles conexiones con integrantes de organizaciones criminales que operan en distintos sectores de la capital.

La captura se enmarca en el denominado Plan Escudo de Honduras, estrategia mediante la cual la Policía Nacional desarrolla intervenciones territoriales, investigaciones y operaciones de inteligencia para ubicar a personas sospechosas de integrar maras y pandillas. Las acciones buscan identificar sus posibles redes de apoyo, establecer vínculos con actividades delictivas y evitar que las estructuras recuperen espacios de operación. La institución sostiene que estos despliegues se concentran en zonas previamente identificadas por su incidencia criminal.

El operativo también se produce en medio de una serie de detenciones ejecutadas durante las últimas semanas contra presuntos integrantes de organizaciones criminales. En un balance divulgado el 26 de octubre, la Policía Nacional informó que el Plan Escudo registraba 147 personas detenidas desde el 21 de septiembre, de las cuales 60 eran investigadas por asociaciones terroristas. De ese grupo, 40 enfrentaban auto de formal procesamiento y 20 estaban pendientes de audiencia judicial.

En ese mismo informe, las autoridades detallaron que entre los 60 detenidos señalados por asociaciones terroristas figuraban 30 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), 26 de la Pandilla 18 y cuatro vinculados al denominado Cártel del Diablo. Las operaciones reportadas comprendían intervenciones en Francisco Morazán, Cortés, El Paraíso, Atlántida, Yoro, Intibucá, Comayagua, Choluteca y otros departamentos. Estas cifras corresponden al balance policial publicado en octubre, no a un consolidado actualizado al día de la captura.

Tras su detención, Banegas García deberá ser puesto a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación jurídica conforme al procedimiento legal. Mientras no exista una resolución judicial que establezca responsabilidad penal, conserva la presunción de inocencia. La Policía Nacional sostiene que continuará las labores de investigación y despliegue operativo contra las estructuras criminales, mientras las comunidades esperan que estas acciones contribuyan a reducir la extorsión y otros delitos que afectan la seguridad de las familias hondureñas.