La justicia de Hong Kong impuso este viernes penas de prisión de varios años a dos reconocidos dirigentes prodemocracia, en un caso que vuelve a poner bajo escrutinio internacional el alcance de la legislación de seguridad nacional vigente en el territorio. Lee Cheuk-yan recibió siete años de cárcel, mientras Chow Hang-tung fue condenada a siete años y tres meses.
Ambos fueron declarados culpables de “incitación a la subversión”, un delito contemplado en la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020. La acusación estuvo vinculada con sus actividades dentro de la ya disuelta Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Democráticos Patrióticos de China, organización que durante años convocó las vigilias para recordar la represión de Tiananmén de 1989.
La sentencia adquiere especial relevancia por el significado que tuvieron aquellas vigilias dentro de la sociedad hongkonesa. Durante décadas, Hong Kong fue uno de los pocos lugares bajo administración china donde se realizaban públicamente actos multitudinarios para recordar a las víctimas de la represión militar contra las protestas prodemocracia de 1989.
Lee, de 69 años y antiguo legislador y dirigente sindical, fue uno de los rostros más conocidos de ese movimiento. Chow, de 41 años, es abogada especializada en derechos humanos y ocupó el cargo de vicepresidenta de la Alianza. Ambos permanecían detenidos desde 2021 mientras avanzaba el proceso judicial.
El tribunal consideró especialmente relevante el discurso político promovido por la organización, incluida su exigencia de poner fin a la “dictadura de un solo partido” en China. Los jueces interpretaron esa actividad como evidencia de una intención de subvertir el poder del Estado, argumento que terminó sustentando las condenas.
La causa también alcanzó a Albert Ho, otro antiguo dirigente de la Alianza. Ho, de 74 años, se declaró culpable y recibió una pena de cinco años y dos meses de prisión, inferior a las impuestas a Lee y Chow, quienes mantuvieron su declaración de inocencia durante el proceso.
El caso no se limita a la situación individual de los tres dirigentes. La propia organización que encabezaron fue disuelta y, además de las condenas personales, recibió una multa de 1.5 millones de dólares hongkoneses. Las autoridades sostuvieron que las actividades del grupo podían favorecer sentimientos contrarios al Gobierno y amenazar la seguridad nacional.
Para organizaciones defensoras de los derechos humanos, sin embargo, el proceso representa una señal mucho más amplia. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han cuestionado el uso de la legislación de seguridad nacional contra activistas vinculados con actividades pacíficas y con la conmemoración de Tiananmén.
Las críticas también llegaron desde el exterior. Associated Press informó que Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea condenaron las sentencias y expresaron preocupación por el tratamiento de actividades relacionadas con la libertad de expresión y la participación política. Los gobiernos y organismos críticos consideran que el caso refleja un progresivo estrechamiento del espacio para la disidencia en Hong Kong.
Pekín y las autoridades hongkonesas mantienen una posición diferente. Defienden la legislación de seguridad nacional como un instrumento necesario para preservar la estabilidad y sostienen que los procesos judiciales no se dirigen contra determinadas opiniones políticas, sino contra conductas que, a juicio de las autoridades, ponen en riesgo la seguridad del Estado.
La sentencia se produce seis años después de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional, promulgada tras las masivas protestas prodemocracia de 2019. Desde entonces, numerosos dirigentes opositores y activistas han sido encarcelados, mientras organizaciones civiles y medios independientes han reducido sus operaciones o desaparecido. El caso de Lee y Chow se suma a ese proceso de transformación del escenario político hongkonés.
Más allá de las condenas individuales, el juicio vuelve a plantear una pregunta de alcance internacional: ¿hasta dónde puede llegar un Estado en nombre de la seguridad nacional cuando las actividades perseguidas están relacionadas con la memoria histórica, la protesta pacífica y la defensa de reformas democráticas? Para sus críticos, las penas contra Lee Cheuk-yan y Chow Hang-tung representan otro duro golpe a las libertades políticas de Hong Kong; para las autoridades, constituyen la aplicación de una ley destinada a preservar el orden y la seguridad.
