Tegucigalpa.— Una investigación interinstitucional comienza a tomar forma en Honduras ante el crecimiento extraordinario de los flujos migratorios irregulares de ciudadanos chinos. El director del Instituto Nacional de Migración (INM), Carlos Cordero, confirmó este lunes que los registros oficiales contabilizan 24,837 ingresos irregulares de ciudadanos de esa nacionalidad desde 2014 hasta agosto de 2026, una cifra superior a los más de 13,000 casos que inicialmente motivaron la preocupación del Congreso Nacional.
El dato adquiere especial relevancia al observar la evolución anual. Mientras en 2017 apenas se contabilizaron dos ciudadanos chinos con ingreso irregular y en 2021 fueron cinco, la cifra comenzó a aumentar en 2022, cuando alcanzó 1,027 casos. El salto más pronunciado ocurrió en 2023, año en que el registro migratorio pasó a 12,184 ingresos irregulares, seguido por otros 10,175 en 2024, 908 en 2025 y 536 durante 2026 hasta el corte informado.
La coincidencia temporal con el cambio de la política exterior hondureña es uno de los elementos que ahora serán examinados, aunque por sí sola no establece una relación causal. El 26 de marzo de 2023, Honduras y la República Popular China anunciaron formalmente el establecimiento de relaciones diplomáticas y Tegucigalpa rompió sus relaciones oficiales con Taiwán. El comunicado conjunto estableció además el reconocimiento hondureño del principio de una sola China.
Precisamente por esa coincidencia, el diputado Frank Alley, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales e Integración Regional, consideró necesario diferenciar entre un aumento normal de visitantes derivado de nuevas relaciones diplomáticas y lo que los registros describen como picos de migración irregular. El legislador sostuvo que la magnitud de los incrementos requiere determinar qué mecanismos fueron utilizados y qué ocurrió posteriormente con las personas registradas.
La investigación tiene su origen inmediato en una moción exhortativa aprobada por el Congreso Nacional el 10 de agosto, impulsada por el diputado nacionalista Kilvett Bertrand. La iniciativa solicitó una investigación interinstitucional sobre el paradero de más de 13,000 ciudadanos chinos que, según los datos inicialmente presentados, ingresaron legalmente al país durante el período 2022-2025 y cuyo seguimiento posterior generó interrogantes. El propio Congreso señaló que la moción no cuestiona el establecimiento de relaciones diplomáticas con China, sino posibles irregularidades relacionadas con permisos y visas.
Uno de los aspectos que las autoridades deberán esclarecer es la evolución de la situación migratoria de algunos de estos ciudadanos. Según lo expuesto por Cordero, personas que llegaron al país utilizando pasaportes diplomáticos o vinculadas a actividades empresariales y laborales habrían llevado posteriormente a familiares, algunos de los cuales ingresaron de manera irregular. Una parte de estos ciudadanos habría intentado después regularizar su permanencia y cambiar su condición migratoria, incluso mediante categorías asociadas con inversión.
Ese punto abrió otra línea de investigación para los diputados. Alley explicó que entre la información recibida aparece el caso de personas que inicialmente declararon una condición de obreros y posteriormente pasaron a la categoría de inversionistas. Para el Congreso, determinar cómo se produjeron esos cambios, qué requisitos fueron presentados y quién autorizó cada proceso será fundamental para establecer si el sistema migratorio funcionó conforme a la legislación vigente.
La dimensión del fenómeno también se refleja en la posición que actualmente ocupa la nacionalidad china dentro de los registros de tránsito irregular. Según lo señalado durante la reunión, China habría pasado de ocupar el sexto lugar entre las nacionalidades con mayor flujo irregular a situarse en el tercer puesto, detrás de Ecuador y Cuba, en el último período analizado. Ese comportamiento será contrastado con los movimientos de otras nacionalidades y con las rutas migratorias utilizadas para determinar si Honduras está siendo empleado como país de tránsito hacia otros destinos.
La investigación, sin embargo, enfrenta una dificultad fundamental: un ingreso irregular no significa necesariamente que una persona permanezca actualmente en Honduras. Para conocer el paradero real de quienes aparecen en los registros será necesario cruzar información de entradas y salidas, solicitudes de regularización, cambios de categoría migratoria, deportaciones, permisos de residencia y movimientos registrados en los distintos puntos fronterizos. Precisamente la trazabilidad será uno de los elementos centrales del informe que prepara el Legislativo.
En paralelo, la Cancillería deberá aportar información sobre los acuerdos suscritos con Beijing. De acuerdo con los datos expuestos durante la reunión, 30 instrumentos legales fueron firmados entre Honduras y China durante el período que se encuentra bajo revisión. Los legisladores pretenden conocer su contenido, alcance y posibles implicaciones en materia migratoria, comercial, diplomática y de cooperación. La relación bilateral, además, avanzó rápidamente después de 2023: ambos países iniciaron negociaciones para un Tratado de Libre Comercio ese mismo año y posteriormente suscribieron acuerdos comerciales, incluido un Acuerdo de Cosecha Temprana que entró en vigor en septiembre de 2024.
También será necesario revisar los acuerdos migratorios adoptados tras el establecimiento de las relaciones diplomáticas. Entre los instrumentos publicados por la Cancillería figura un acuerdo de exoneración mutua de visas para determinados pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio y de asuntos públicos, aprobado en 2023. La existencia de estos mecanismos no implica por sí misma una irregularidad, pero su aplicación, alcance y controles forman parte del contexto que los investigadores deberán examinar.
El presidente de la Comisión de Migración del Congreso, Lenin Valeriano, insistió en que la investigación no debe interpretarse como un señalamiento contra los ciudadanos chinos por su nacionalidad. El propósito, explicó, es determinar si el Estado hondureño dispone de herramientas suficientes para conocer quién ingresa, bajo qué condición lo hace, cuánto tiempo permanece en territorio nacional, si modifica posteriormente su estatus y cuándo abandona el país.
La primera reunión de seguimiento reunió a representantes de varias instituciones, lo que refleja la dimensión que las autoridades atribuyen al caso. Participaron funcionarios de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad, además del INM, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia y la Policía de Fronteras. Por el Congreso estuvieron Valeriano y Alley, así como Daisy Andonie, vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales e Integración Regional.
El siguiente paso será cruzar y depurar la información proporcionada por todas las instituciones. El Congreso espera que los datos permitan construir una base documental capaz de explicar el salto registrado entre 2022 y 2024 y, particularmente, los 22,359 ingresos irregulares contabilizados solamente durante 2023 y 2024. También deberá establecerse cuántas de esas personas salieron del país, cuántas regularizaron su situación y cuántas continúan bajo algún tipo de estatus migratorio en Honduras.
El caso abre finalmente un debate que trasciende la nacionalidad de los migrantes y apunta directamente a la capacidad del Estado hondureño para controlar sus fronteras y administrar sus registros. La pregunta central será si el incremento extraordinario fue producto de nuevas dinámicas migratorias derivadas del acercamiento con China, de redes de tránsito internacional, de procesos de reunificación familiar, de oportunidades de regularización o de una combinación de estos factores. Mientras el Congreso prepara su informe, las cifras del INM colocan el fenómeno bajo una lupa institucional y obligan a Honduras a explicar cómo un flujo que durante años se mantuvo en niveles mínimos llegó a convertirse en uno de los principales movimientos irregulares registrados en el país.
