El debate sobre el costo de los alimentos llegó nuevamente al Congreso Nacional con una propuesta que busca modificar la manera en que se protege el consumo básico de los hogares. El diputado Óscar Márquez presentó un proyecto de ley denominado Canasta Básica Familiar Protegida, cuyo objetivo es ampliar el conjunto de productos considerados esenciales y establecer herramientas para vigilar su comportamiento en el mercado.
La iniciativa plantea que la lista actualmente utilizada como referencia sea ampliada de aproximadamente 30 a 60 productos, aunque el número y la composición definitiva quedarían sujetos a estudios técnicos. La intención es que la selección responda al consumo real de las familias hondureñas y no solamente a una lista fija que pueda quedar desactualizada frente a los cambios en los hábitos alimenticios y las condiciones económicas.
Márquez argumentó que el problema trasciende las cifras de inflación y se refleja directamente en la mesa de las familias. Su planteamiento parte de una situación cotidiana: hogares que deben distribuir ingresos limitados entre alimentos, vivienda, transporte, educación y otros gastos indispensables, haciendo que cualquier incremento en productos básicos reduzca todavía más su capacidad de compra.
El contexto económico explica parte de la preocupación. Los informes oficiales del Banco Central de Honduras muestran que la inflación y el comportamiento de los precios de alimentos constituyen variables de seguimiento permanente dentro de la economía nacional. A esto se agregan factores internacionales como el precio de combustibles, costos de transporte, condiciones climáticas y variaciones en los mercados de materias primas, que pueden trasladarse al precio final de los alimentos. (bch.hn)
La propuesta también pretende que la protección no se limite a establecer una lista de productos. De acuerdo con el planteamiento presentado, deberían existir mecanismos permanentes de actualización y monitoreo, de manera que las autoridades puedan identificar variaciones significativas y actuar ante incrementos considerados injustificados o situaciones que comprometan el acceso de las familias a determinados alimentos.
Otro componente sería determinar mediante estudios cuáles son realmente los productos de mayor consumo en Honduras. Frijoles, maíz, arroz, pollo, harina y cereales aparecen entre los alimentos mencionados por el diputado, pero la composición final tendría que sustentarse en información estadística sobre consumo, precios, ingresos familiares y disponibilidad. Esto permitiría que la eventual canasta protegida tenga una base técnica y pueda adaptarse a las diferentes realidades económicas del país.
La discusión adquiere importancia adicional en un país que también enfrenta desafíos sociales y de seguridad. Durante los primeros meses de 2026, Honduras registró una reducción de los homicidios respecto al año anterior, pero la violencia continúa siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas. El Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH contabilizó 1,236 homicidios entre enero y junio, mientras los registros policiales mostraban cifras preliminares superiores a 1,400 casos al comenzar agosto.
Con la propuesta de Márquez se abre ahora un nuevo debate legislativo: cómo proteger el poder adquisitivo sin provocar distorsiones en el mercado ni trasladar costos adicionales a productores y comerciantes. La eventual aprobación de la Canasta Básica Familiar Protegida dependerá del análisis del Congreso, de los estudios técnicos y de los mecanismos concretos que finalmente se incorporen al proyecto. Para los hogares hondureños, el objetivo planteado es directo: que los ingresos alcancen para llevar alimentos esenciales a la mesa.
