La reciente decisión judicial que favoreció a Alexander “Chande” Ardón en Honduras provocó nuevas reacciones políticas. El jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, solicitó al Ministerio Público que valore la apertura de acciones penales a partir de otros hechos atribuidos al exalcalde de El Paraíso, Copán, más allá del proceso por lavado de activos en el que fue absuelto.
Cálix sostiene que Honduras debe prestar atención a lo declarado por Ardón durante los procesos que enfrentó en Estados Unidos. El exfuncionario municipal reconoció ante la justicia de ese país su participación en actividades relacionadas con el narcotráfico y ofreció testimonios sobre hechos violentos atribuidos a su organización.
El político hondureño planteó que el Ministerio Público debería evaluar si esas declaraciones permiten iniciar investigaciones penales adicionales dentro del territorio nacional. Su petición se produce en momentos en que la absolución por lavado de activos ha generado críticas y cuestionamientos sobre el resultado del proceso.
Ardón fue una pieza importante en las investigaciones estadounidenses contra redes de narcotráfico hondureñas. Su testimonio fue utilizado en procesos federales de alto perfil y contribuyó a exponer el funcionamiento de estructuras dedicadas al tráfico de cocaína y sus vínculos con diferentes actores.
Entre las declaraciones que más impacto generaron figura la admisión de responsabilidad en la muerte de 56 personas. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, una declaración realizada ante un tribunal extranjero no sustituye una investigación penal hondureña, por lo que las autoridades tendrían que establecer qué hechos pueden ser investigados y qué pruebas podrían incorporarse legalmente.
El expediente que sí llegó a juicio en Honduras correspondió al delito de lavado de activos. En esa causa, un Tribunal de Sentencia determinó absolver a Ardón, mientras el Ministerio Público anunció que recurrirá la decisión mediante los mecanismos legales disponibles.
La Fiscalía también enfrenta cuestionamientos por la forma en que fue manejado el proceso. Reportes recientes indican que el Ministerio Público tomó medidas contra funcionarios relacionados con la investigación, mientras evalúa las circunstancias que rodearon el resultado del juicio.
Con el reclamo de Cálix, la discusión trasciende el fallo por lavado de activos y vuelve a poner bajo escrutinio las confesiones de Ardón y la respuesta de las autoridades hondureñas. El desenlace dependerá de las investigaciones que eventualmente puedan realizarse y de las decisiones que adopten los órganos jurisdiccionales competentes.
