Tegucigalpa.— El combate a la delincuencia, el crimen organizado y los factores que mantienen bajo presión la seguridad pública fueron puestos este lunes sobre la mesa durante una reunión de alto nivel entre el Congreso Nacional y la Secretaría de Seguridad. El encuentro, encabezado por el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, permitió revisar resultados, capacidades institucionales y las dificultades que todavía enfrenta la Policía Nacional. La comparecencia había sido convocada precisamente para conocer de primera mano la situación de la institución y las necesidades para fortalecer su respuesta.
A la reunión asistieron el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez; el viceministro Rommel Martínez; el comisionado general de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera; el director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce Canales, y otros integrantes de la cúpula policial. También participaron representantes de las cinco bancadas del Congreso, en una señal de que la seguridad pretende ser abordada como una política de Estado y no únicamente como una discusión partidaria.
Uno de los planteamientos expuestos por el presidente de la Comisión de Defensa y Soberanía, Kilvett Bertrand, fue la necesidad de fortalecer las herramientas legales y operativas de la Policía para enfrentar estructuras criminales. El legislador destacó que más de 300 vehículos que anteriormente estaban asignados a funcionarios públicos fueron recuperados y destinados a convertirse en patrullas, una medida presentada como parte del esfuerzo por ampliar la capacidad de respuesta y presencia policial en las calles.
Los datos sobre violencia muestran, entretanto, una tendencia que las autoridades consideran favorable, aunque todavía insuficiente para declarar superados los problemas de seguridad. El Foro Nacional “Violencia y Seguridad en Honduras”, realizado en agosto por la UNAH, presentó cifras preliminares de 1,236 homicidios entre enero y junio de 2026, frente a los 2,633 registrados durante todo 2025. La Policía también ha reportado una reducción en determinados indicadores, aunque las estadísticas de 2026 continúan siendo preliminares y están sujetas a validación interinstitucional.
La distribución territorial de los homicidios constituye otro de los puntos centrales de la estrategia. Según los registros de SEPOL, una parte importante de las muertes violentas se concentra en un número reducido de municipios; al corte de agosto, Distrito Central encabezaba los registros, seguido por San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba. Esta concentración ha llevado a las autoridades a plantear acciones diferenciadas, con mayores recursos policiales y operativos dirigidos hacia los territorios que presentan los niveles más elevados de incidencia.
Pero la violencia homicida no es el único desafío identificado. Bertrand señaló también el incremento de las muertes relacionadas con accidentes de tránsito, particularmente aquellos en los que estarían involucrados el consumo de alcohol y drogas. El Congreso analiza, por ello, posibles medidas para fortalecer el cumplimiento de las normas de tránsito, mientras Seguridad mantiene entre sus líneas estratégicas la atención de la seguridad vial. El enfoque gubernamental para 2026-2030 contempla precisamente concentrar recursos en municipios y microterritorios priorizados y reforzar la prevención.
Desde la Secretaría de Seguridad, Rommel Martínez explicó que la estrategia busca concentrar recursos en la identificación y neutralización de los factores que generan violencia en las comunidades. El funcionario defendió un modelo que combina presencia policial, acciones táctico-operativas, inteligencia y trabajo territorial, al tiempo que señaló que las críticas y denuncias ciudadanas deben servir para identificar deficiencias y mejorar la respuesta institucional. En paralelo, la DPI destacó sus labores de investigación contra estructuras criminales y la atención de casos de homicidio y muertes violentas de mujeres, bajo procedimientos que deben respetar el debido proceso, la legislación y los derechos humanos. La DPI reportó, además, 7,241 detenciones por distintos delitos durante enero-junio de 2026.
El cierre de la jornada dejó un mensaje político e institucional: el Congreso está dispuesto a continuar aprobando herramientas legales y respaldando los recursos necesarios para fortalecer la seguridad, mientras las autoridades policiales deberán demostrar resultados sostenibles. La Secretaría de Seguridad ha informado recientemente sobre la desarticulación de 117 estructuras criminales, más de 5,000 capturas y el decomiso de cerca de 4,000 armas de fuego, además de importantes operaciones contra el narcotráfico. Sin embargo, el reto continúa siendo convertir esos resultados operativos en una reducción sostenida de la violencia y en una mayor percepción de seguridad para la población. Como resumió Bertrand durante el encuentro, “la seguridad no es un tema político”, sino una responsabilidad vinculada directamente con la protección de la vida de los hondureños.
