La tensión política en Washington escaló este miércoles luego de que la Casa Blanca denunciara públicamente un mensaje difundido por legisladores demócratas que pedía a militares y agentes de inteligencia “desobedecer órdenes ilegales” emitidas por el gobierno del presidente Donald Trump. La administración reaccionó con dureza y acusó a la oposición de intentar provocar un quiebre institucional.
El mensaje que detonó la controversia fue publicado el martes en X por seis congresistas demócratas —todos exmilitares o con experiencia en inteligencia— quienes advirtieron que la administración Trump “está enfrentando a nuestros profesionales militares y de inteligencia contra los ciudadanos estadounidenses”. Entre ellos destacan el senador Mark Kelly, exmiembro de la Marina y astronauta, y la senadora Elissa Slotkin, antigua agente de la CIA en Irak.
En el vídeo, los legisladores sostienen que las amenazas a la Constitución “no solo provienen del extranjero, sino también de nuestro propio país”. Aunque no mencionan una orden específica, instan abiertamente a las tropas y agentes a “desobedecer órdenes ilegales”, un llamado que generó un intenso debate sobre sus implicaciones políticas y jurídicas.
La respuesta del gobierno no tardó. Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, calificó el mensaje como una “llamada abierta a la rebelión” y aseguró que el Partido Demócrata se ha vuelto “peligrosamente radicalizado”. “Están pidiendo a CIA y mandos militares que se rebelen contra su comandante en jefe”, escribió en X.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, se sumó a las críticas y acusó a los opositores de padecer el llamado “síndrome de trastorno por Trump”, un término empleado por los republicanos para ridiculizar a sus adversarios políticos. Hegseth afirmó que los demócratas buscan “desestabilizar al país” con mensajes irresponsables.
El episodio ocurre en un momento en que Trump enfrenta cuestionamientos por su uso de las fuerzas estadounidenses dentro y fuera del territorio nacional desde su retorno a la Casa Blanca en enero. En Estados Unidos, el presidente ha desplegado a la Guardia Nacional en varias ciudades gobernadas por demócratas para controlar supuestos disturbios.
En el ámbito internacional, el mandatario autorizó operaciones militares en el Caribe y el Pacífico oriental contra presuntos traficantes de drogas. Expertos en derecho internacional advierten que estas acciones, que han dejado más de 80 muertos, serían ilegales y podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales.
La controversia sobre las “órdenes ilegales” ha reavivado el debate sobre los límites del poder presidencial y el papel de las fuerzas armadas en medio de la polarización política. Mientras demócratas reclaman vigilancia constitucional, la Casa Blanca acusa un intento de socavar la autoridad del presidente, alimentando un clima político cada vez más tenso.
