La Unidad Especializada contra Delitos Electorales (UECD) del Ministerio Público abrió la primera línea de investigación sobre la polémica anulación de votos en el municipio de Namasigüe, Choluteca, hecho que ha encendido alarmas sobre intentos de manipulación en procesos internos de partidos políticos.

La investigación señala directamente a miembros de la Junta Especial de Verificación y Recuento (JEVR), quienes habrían actuado en abierta ilegalidad al eliminar más de un centenar de votos que favorecían al precandidato del movimiento Avanza, afectando de manera directa los resultados de la Junta Receptora de Votos (JRV) 3135.

De acuerdo con los resultados preliminares del 9 de marzo de 2025, la JRV en cuestión otorgaba 315 votos al movimiento Avanza y 130 a Papi a la Orden. Posteriormente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenó un escrutinio especial el 4 de abril, ratificando prácticamente la misma tendencia.

Sin embargo, solo tres días después, los integrantes de la JEVR realizaron un nuevo recuento sin respaldo legal y procedieron a anular 111 votos a favor del precandidato de Avanza, bajo el argumento de una supuesta “duda razonable”, causal inexistente en la normativa electoral vigente.

La acción no solo contravino la Ley Electoral de Honduras, que establece claramente las causales de nulidad, sino que además vulneró el principio de soberanía popular, según lo establecido en la Constitución de la República.

Ante la gravedad del caso, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra Balbino Andino Flores (capturado), Elvin Quiñónez Sánchez, Rosa Gattorno Durón y Heydi Sarahí Carranza Morales (capturada), todos ellos miembros de la JEVR señalados por la comisión del delito de “Otros Delitos Electorales”, inciso 17: anulación arbitraria de votos.

Las diligencias fueron posibles gracias al trabajo conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), que recopiló evidencias y testimonios, así como la revisión de la maleta electoral, en la que se comprobó que los votos anulados no tenían causal legal para ser invalidados.

El caso, que ahora sigue bajo investigación penal, podría marcar un precedente importante en la defensa de la transparencia electoral y en la sanción a quienes pretendan alterar la voluntad popular en procesos democráticos.