La tensión dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) se agudizó este viernes luego de que la consejera Cossette López señalara públicamente a su compañero Marlon Ochoa de obstaculizar los trabajos técnicos y operativos del organismo encargado de organizar las próximas elecciones generales. López aseguró que las acciones de Ochoa constituyen un “boicot sistemático” al proceso electoral y anunció acciones legales ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La disputa habría escalado tras la discusión por la ubicación del centro de datos electoral (data center), que según López, Ochoa pretendía instalar en un sitio “sin baterías de repuesto ni generadores”, poniendo en riesgo la seguridad del sistema informático.
“Quien está boicoteando los procesos es usted, Marlon Ochoa”, expresó la funcionaria a medios de comunicación, visiblemente indignada.
Durante su comparecencia ante la CSJ, López presentó querellas por falsificación de la verdad y manipulación institucional, señalando no solo a Ochoa, sino también a miembros de su equipo técnico y a algunos funcionarios del Ejecutivo. “Ellos se dedican a tergiversar nuestras decisiones y desacreditar cualquier intento de fortalecer la transparencia”, denunció.
Uno de los puntos que generó mayor controversia fue su propuesta de utilizar cintas de seguridad y GPS en el transporte de actas electorales. López explicó que la iniciativa fue malinterpretada y atacada por el personal cercano a Ochoa. “Cada medida que propongo para resguardar el voto es vista como un intento de sabotaje, pero cuando los errores vienen de su lado, simplemente los minimizan”, reprochó.
La consejera también recordó el episodio de las elecciones primarias, cuando el entonces candidato Salvador Nasralla perdió más de 20 mil votos. Según López, Ochoa “se negó a convalidarlos” pese a que existían evidencias para su recuperación. “Nasralla prefirió desistir para no desatar un conflicto mayor, pero todos sabemos quién bloqueó el proceso”, puntualizó.
López advirtió que ha sido víctima de hostigamiento y presiones políticas desde sectores del gobierno y del propio CNE. “Estoy siendo amedrentada desde el primer día. Se sienten orgullosos de cometer abusos y lo hacen público”, manifestó. En ese sentido, dijo que teme una “campaña coordinada de difamación” en su contra impulsada por estructuras vinculadas al Foro de Sao Paulo.
Sobre la controversia de la no inscripción de Jorge Cálix y Cristian Villalobos, López enfatizó que esas son decisiones derivadas de fallos judiciales que el CNE debe acatar, y rechazó la presión de Ochoa para actuar fuera de la ley. “Pretenden que invadamos competencias de otros poderes del Estado, algo que no haré bajo ningún motivo”, aseveró.
Finalmente, la consejera adelantó que analiza denunciar al fiscal general Johel Antonio Zelaya por difamación y calumnias públicas. “Voy a seguir dentro del marco legal, pese al nivel de poder que ellos manejan. Honduras necesita elecciones limpias, no manipuladas por intereses políticos”, concluyó.
