Mientras buena parte de los medios de comunicación hondureños dedicaba este lunes amplios espacios al estado de salud del expresidente Manuel Zelaya Rosales, a pocas calles de distancia —y en medio de una realidad mucho menos visible— un periodista enfrenta una batalla personal que debería conmover profundamente al gremio: Carlos Zelaya, veterano comunicador, permanece en una situación de calamidad doméstica mientras lucha contra una enfermedad que le ha impedido caminar durante casi un año.

Carlos Zelaya no es un desconocido para el periodismo hondureño. Durante décadas trabajó en distintos medios de comunicación. En marzo pasado, un reportaje de Reporteros de Investigación documentó su situación y recogió su denuncia de que acumulaba más de ocho meses de incapacidad, con tratamientos costosos y dificultades económicas.

Pero ahora sus propias palabras permiten dimensionar la crudeza de la situación. En una publicación reciente escribió: “Tercera infusión de Eptapenen, seguimos en la lucha”, para luego explicar que la apariencia de su rodilla no obedecía a una cuestión estética, sino al daño provocado después de casi un año sin poder caminar. También reconoció que necesita fisioterapia, pero que las limitaciones económicas han impedido avanzar en ese proceso.

En otra publicación dejó una cifra que debería estremecer a quienes conocen las condiciones económicas de muchos trabajadores de la comunicación: cada sesión del tratamiento con antibióticos de alto espectro le cuesta 700 lempiras. “Hoy estamos en nuestra segunda sesión de tratamiento con antibióticos de alto espectro, Eptapenen, cada cita vale 700 lempiras”, escribió, mientras agradecía la solidaridad recibida.

Es difícil leer esas palabras y no preguntarse qué ocurre cuando un periodista que durante años tuvo la responsabilidad de informar a la sociedad termina necesitando ayuda para pagar su propio tratamiento. ¿Dónde están los medios? ¿Dónde están las organizaciones gremiales? ¿Dónde están los compañeros de profesión? ¿Dónde está esa solidaridad que tantas veces reclamamos para otros sectores?

La comparación con la cobertura otorgada a una figura política no pretende cuestionar el derecho de Manuel Zelaya Rosales a recibir atención mediática durante una emergencia de salud. Todo ser humano merece respeto y solidaridad cuando enfrenta una enfermedad. El verdadero cuestionamiento es otro: ¿por qué esa sensibilidad parece ser mucho más grande cuando quien enferma posee poder político, apellido reconocido o influencia pública?

La enfermedad no distingue entre un expresidente y un periodista. Tampoco pregunta por cantidad de seguidores, cargos ocupados, audiencia, partido político o capacidad económica. Sin embargo, nuestra sociedad sí parece establecer diferencias en la atención que reciben unos y otros.

Y Carlos Zelaya representa precisamente esa contradicción. El periodista que durante años estuvo detrás de las noticias, de los acontecimientos políticos y de las historias de otros hondureños, hoy tiene que convertir su propia enfermedad en una publicación en redes sociales para explicar que necesita tratamiento, que no puede caminar y que la solidaridad de otras personas se ha convertido en una pieza fundamental de su lucha.

No debería ser necesario que un periodista publique el precio de cada tratamiento médico para despertar solidaridad. No debería tener que explicar que lleva meses sin caminar para que alguien pregunte cómo puede ayudar. Mucho menos debería llegar a una situación en la que una enfermedad grave se transforme simultáneamente en una crisis económica.

Este problema tampoco es nuevo. El periodismo hondureño ha perdido a numerosos profesionales después de enfrentar enfermedades severas. En julio de 2025 murió en La Ceiba el reconocido comunicador Rossell Javier Posas Espinal, de 66 años, tras complicaciones derivadas de un cáncer de próstata. Su muerte dejó nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de quienes dedicaron décadas a la comunicación.

Un año antes, en mayo de 2024, murió el periodista Erlin Aguilar, quien había luchado contra una enfermedad cuya naturaleza no fue precisada públicamente. Lo particularmente doloroso de su caso es que, una semana antes de morir, había solicitado ayuda en redes sociales para poder realizarse exámenes médicos. Falleció en su vivienda, acompañado por su familia.

También permanece en la memoria reciente del gremio el caso de Erika Romero, quien murió a los 28 años después de más de dos años de lucha contra un cáncer cerebral. Su familia y amigos llegaron a impulsar una campaña para recaudar fondos para una cirugía que requería alrededor de 20 mil dólares, pero los recursos no fueron suficientes para concretarla.

Y antes de ellos estuvo Indira Murillo, una periodista que desarrolló una importante trayectoria en Honduras y murió en Estados Unidos en 2019, a los 49 años, después de luchar contra un cáncer de hígado. Su vida estuvo marcada por el periodismo y también por el deporte, dos ámbitos en los que dejó huella.

La pandemia de COVID-19 dejó otra herida profunda. Claudia Ordóñez, periodista y relacionadora pública de Conatel, murió en abril de 2021 después de permanecer hospitalizada en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Sus colegas lamentaron entonces la pérdida de una profesional reconocida por su calidad humana.

Otro nombre fue el del veterano periodista Carlos Eduardo Riedel, quien murió en junio de 2021 a los 82 años debido a complicaciones relacionadas con el COVID-19. Para entonces, los recuentos periodísticos ya advertían que al menos una treintena de profesionales de la comunicación habían muerto durante la pandemia o estaban entre sus víctimas.

Esos nombres no deberían aparecer únicamente en retrospectivas, aniversarios o mensajes de condolencia. Deberían formar parte de una discusión mucho más seria sobre las condiciones laborales, la seguridad social, las pensiones, la atención médica y los mecanismos de solidaridad existentes para quienes ejercen el periodismo en Honduras.

Porque hay una verdad que pocas veces queremos admitir: muchos periodistas envejecen sin una protección económica suficiente. Algunos trabajaron durante décadas bajo contratos temporales, por servicios profesionales, como colaboradores independientes o en empresas que no siempre garantizaron condiciones que les permitieran enfrentar dignamente una enfermedad después de abandonar las salas de redacción.

La historia de Carlos Zelaya debería servir como una llamada de atención. No se trata únicamente de Carlos. Se trata del periodista que mañana puede ser cualquiera de nosotros: el reportero, el fotógrafo, el camarógrafo, el locutor, el editor, el corresponsal o el productor que hoy trabaja largas jornadas y cree que siempre tendrá fuerzas para continuar.

Por eso creo que el gremio necesita discutir seriamente la creación de mecanismos permanentes de solidaridad y protección para periodistas en situación de enfermedad, discapacidad, desempleo o calamidad doméstica. No campañas improvisadas cuando alguien está al borde del abismo, sino estructuras que permitan acompañar al profesional cuando todavía está luchando por salir adelante.

La salud de Manuel Zelaya Rosales merece respeto y solidaridad, como la merece la salud de cualquier ser humano. Pero también merece nuestra atención Carlos Zelaya, que hoy continúa luchando, pagando tratamientos, enfrentando las consecuencias de casi un año sin poder caminar y agradeciendo públicamente la ayuda de quienes no lo han olvidado.

Quizá esta sea la oportunidad para que el periodismo hondureño se haga una pregunta incómoda pero necesaria: ¿seremos capaces de cuidar a nuestros periodistas mientras están vivos, o solamente volveremos a acordarnos de ellos cuando tengamos que publicar su nota de duelo?