El vínculo entre Roger Stone y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández no puede entenderse como una relación personal ni como una simple coincidencia coyuntural. Se trata, más bien, de una expresión clara del funcionamiento real del poder político contemporáneo, donde las decisiones más trascendentales no siempre se toman en los espacios institucionales visibles, sino en los márgenes, a través de operadores informales, lealtades políticas acumuladas y narrativas estratégicamente construidas. El indulto otorgado a Hernández no fue un acto aislado ni humanitario; fue una jugada política con múltiples capas de significado, tanto para Estados Unidos como para Honduras y el resto de América Latina.
Roger Stone es una figura que encarna como pocas el concepto de poder informal en Washington. No ocupa cargos oficiales, no representa a ningún Estado ni a ninguna institución, pero ha sido durante décadas un actor influyente en las entrañas del Partido Republicano. Su cercanía con Donald Trump no es ideológica en el sentido clásico, sino personal, basada en la lealtad y en la utilidad mutua. Stone ha demostrado ser capaz de influir en decisiones clave gracias a su acceso directo al círculo íntimo del expresidente estadounidense, un acceso que no depende de credenciales diplomáticas, sino de confianza política y afinidad estratégica.
Juan Orlando Hernández, por su parte, fue durante años un aliado funcional de Estados Unidos, particularmente durante la primera administración Trump. Su gobierno cooperó activamente en temas de migración, seguridad regional y contención de gobiernos de izquierda en Centroamérica. Mientras esas funciones se cumplían, las denuncias por narcotráfico, corrupción y violaciones a derechos humanos fueron toleradas o minimizadas. El problema no fue la conducta de Hernández, sino el momento en que dejó de ser útil y el contexto político en Washington cambió. Su caída judicial en Estados Unidos simbolizó el abandono de un aliado que ya no cumplía una función estratégica.
Es en ese punto donde la figura de Roger Stone cobra relevancia. La defensa pública de Hernández por parte de Stone no se basó en pruebas jurídicas ni en una refutación sólida de los cargos. Se construyó, en cambio, sobre una narrativa política: la idea de que Hernández había sido víctima de una persecución judicial motivada políticamente, un caso más de lo que sectores conservadores denominan “lawfare”. Esta narrativa no es nueva ni exclusiva del caso hondureño. Ha sido utilizada para defender a líderes conservadores acusados judicialmente en distintas partes del mundo y, sobre todo, para reforzar el discurso de Donald Trump sobre su propia situación legal en Estados Unidos.
Desde esta perspectiva, Juan Orlando Hernández dejó de ser solo un expresidente condenado por narcotráfico y se convirtió en un símbolo útil. Defenderlo implicaba defender una tesis más amplia: que el sistema judicial estadounidense podía ser manipulado por intereses políticos para castigar aliados incómodos. Roger Stone entendió que el caso tenía valor no por la persona de Hernández, sino por lo que representaba en el discurso del trumpismo. Al intervenir, no solo buscaba la liberación de un exmandatario centroamericano, sino reforzar un relato que beneficiaba directamente a Trump y a su entorno político.
El indulto concedido a Hernández debe leerse, entonces, como un acto de afirmación de poder. Donald Trump utilizó una de las facultades más absolutas de la presidencia estadounidense para demostrar que, incluso frente a una condena federal por delitos graves, su voluntad política podía imponerse. El mensaje interno fue contundente: la lealtad se premia y las decisiones del sistema pueden ser revertidas si entran en conflicto con los intereses del líder. El mensaje externo fue igualmente claro: Estados Unidos no es un bloque homogéneo y el poder real puede operar al margen de la diplomacia tradicional.
Para Honduras, el impacto del indulto fue profundo y desestabilizador. Durante años, el discurso político dominante tras la caída de Hernández se construyó sobre la idea del “narcoestado” y la supuesta validación internacional de esa narrativa a través de la justicia estadounidense. El perdón presidencial desmontó, de un solo golpe, esa construcción simbólica. No absolvió moralmente a Hernández, pero sí debilitó el argumento de que la justicia internacional era un árbitro incuestionable. La percepción de que el destino del país sigue dependiendo de decisiones tomadas fuera de sus fronteras se reforzó, alimentando el cinismo y la desconfianza institucional.
En el plano regional, el indulto envió una señal inquietante. Para los líderes conservadores de América Latina, fue una demostración de que aún existen redes de protección política en Washington dispuestas a intervenir si las circunstancias lo permiten. Para los gobiernos de izquierda, representó una advertencia sobre los límites de su narrativa antiimperialista: incluso cuando un aliado de Estados Unidos cae en desgracia y es condenado, puede ser rescatado si vuelve a ser funcional a ciertos intereses. La justicia, en este contexto, aparece como un instrumento maleable, subordinado a la correlación de fuerzas políticas.
Roger Stone emerge de este episodio fortalecido. Su papel como intermediario confirma su relevancia como operador político transnacional. No actúa por altruismo ni por afinidad ideológica con Honduras; actúa porque cada operación exitosa refuerza su reputación y amplía su margen de influencia. En un mundo donde la política internacional se entrelaza cada vez más con el lobby y las relaciones personales, figuras como Stone ocupan un espacio clave. Son el eslabón entre líderes en crisis y centros de poder dispuestos a intervenir bajo ciertas condiciones.
El caso de Juan Orlando Hernández también expone una contradicción central en la política estadounidense hacia América Latina. Durante décadas, Washington ha promovido el discurso de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción como pilares de su política exterior. Sin embargo, cuando estos principios entran en conflicto con intereses políticos internos o con la lógica de la lealtad personal, pueden ser relativizados. El indulto no solo benefició a Hernández; erosionó la credibilidad de ese discurso en toda la región.
Desde una perspectiva geopolítica, el episodio confirma que América Central sigue siendo un espacio de maniobra para actores externos. Los líderes locales pueden ser elevados o sacrificados según convenga, y sus destinos personales pueden convertirse en fichas dentro de juegos de poder mucho más amplios. El vínculo entre Stone y Hernández no es una anomalía, sino un síntoma de esa dinámica. No se trata de amistad ni de coincidencia ideológica, sino de utilidad mutua en un sistema donde la política se negocia en múltiples niveles.
En última instancia, el indulto de Juan Orlando Hernández no reescribe la historia de su gobierno ni borra las acusaciones que marcaron su caída. Lo que sí hace es revelar, con crudeza, cómo funcionan realmente las relaciones entre poder, justicia y política internacional. Roger Stone no defendió a Hernández porque creyera en su inocencia, sino porque el caso servía a una narrativa y a una estrategia. Donald Trump no otorgó el indulto por compasión, sino para reafirmar su control y enviar mensajes claros a aliados y adversarios.
El vínculo entre ambos, entonces, no debe buscarse en contratos ni en declaraciones formales, sino en el terreno más opaco de la política real. Es un vínculo instrumental, frío y calculado, que ilustra cómo, en el escenario global contemporáneo, la justicia puede ser negociada, reinterpretada o anulada cuando choca con intereses de alto nivel. Para Honduras, el episodio deja una lección incómoda: mientras el país no consolide instituciones capaces de sostener su propia legitimidad, seguirá siendo vulnerable a decisiones tomadas lejos de sus fronteras, por actores que nunca rinden cuentas ante su sociedad.
