La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) elevó este miércoles ante el Ministerio Público sus cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos administrados mediante el denominado Fondo de Administración Solidaria, al solicitar una investigación penal que determine si durante el período 2023-2025 se produjeron irregularidades en la aprobación, ejecución y liquidación de los fondos.
El monto que se encuentra bajo escrutinio asciende a 1,837,349,701.14 millones de lempiras, recursos que, según la investigación de ASJ, fueron canalizados a través de la denominada línea presupuestaria 449 y gestionados por diputados para financiar distintos programas y ayudas. La organización sostiene que dicha partida fue concebida para obligaciones vinculadas con préstamos, avales y situaciones de emergencia, no para convertirse en un mecanismo discrecional de distribución de becas, alimentos u obras menores.
El cuestionamiento central de la ASJ apunta precisamente a la forma en que se habría estructurado el proceso. Aunque instituciones estatales como SEDESOL, FHIS y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización aparecían como ejecutoras, la organización afirma que los congresistas intervenían en la presentación de proyectos, solicitud de beneficios y gestión de entregas en las comunidades.
Dentro de los hallazgos destaca el componente de asistencia alimentaria. ASJ reportó que 199,701 cupones fueron canjeados por aproximadamente 187.6 millones de elempiras entre 2023 y 2025, pero únicamente el 37 % aparece liquidado. Para la organización, esta diferencia dificulta determinar con precisión el destino final de una parte considerable de los recursos utilizados.
Las becas constituyen otro de los puntos observados. Según la investigación, 50 diputados propietarios y suplentes gestionaron más de 110 millones de lempiras para alrededor de 22,000 becas durante el período analizado. ASJ también cuestionó un acuerdo de confidencialidad suscrito entre BANADESA y SEDESOL, al considerar que esa figura no debería utilizarse para impedir el acceso a información que, por su naturaleza, está sujeta a las normas de transparencia pública.
La organización anticorrupción sostiene además que la ausencia de liquidaciones constituye uno de los problemas más delicados del caso. De acuerdo con ASJ, consultas realizadas ante la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no permitieron encontrar los informes de liquidación correspondientes al período 2023-2025 de las instituciones señaladas. La propia SEDESOL habría reconocido que existen fondos ejecutados que permanecen sin liquidar.
Otro aspecto que ASJ considera necesario esclarecer es si el modelo terminó convirtiendo recursos públicos en una herramienta de proyección política individual. La organización argumenta que las asignaciones parecían responder a gestiones particulares de diputados y no a criterios técnicos previamente definidos, especialmente preocupante al haberse desarrollado buena parte del programa durante un período cercano a las elecciones generales. ASJ aclara que estos hallazgos justifican una investigación, pero que corresponde al Ministerio Público determinar si existieron delitos y responsabilidades individuales.
Con la denuncia formal, ASJ pidió al Ministerio Público investigar a los diputados que gestionaron recursos del Fondo de Administración Solidaria y requerir a SEFIN copias certificadas de las resoluciones relacionadas con las asignaciones realizadas entre 2023 y 2025. La organización también propone una Ley de Administración de Subvenciones, mayor publicidad de los beneficiarios y sus liquidaciones, así como limitar la intermediación directa de legisladores en la distribución de recursos estatales.
