La seguridad de los usuarios y trabajadores del transporte público continúa bajo vigilancia policial en el Valle de Sula, donde la DAET, a través de la USTU, desarrolla operativos preventivos y de disuasión en distintos corredores de San Pedro Sula y municipios vecinos. Las acciones buscan reducir la incidencia delictiva y dificultar las operaciones de estructuras criminales que utilizan las rutas de transporte para movilizarse.

Los dispositivos incluyen controles en puntos estratégicos de entrada y salida de la ciudad industrial. Durante los abordajes, los agentes verifican la identidad de pasajeros y otras personas vinculadas al servicio de transporte mediante sistemas policiales, con el propósito de detectar individuos que tengan órdenes de captura u otros requerimientos pendientes con la justicia.

Más allá de la identificación de personas, las inspecciones se extienden a las propias unidades y a los objetos que llevan consigo los pasajeros. La Policía señala que estos registros tienen como finalidad prevenir que armas de fuego, municiones, drogas u otros elementos relacionados con actividades ilícitas sean trasladados de manera clandestina utilizando autobuses urbanos e interurbanos.

La estrategia también incorpora patrullajes en motocicleta y acompañamiento policial en determinadas rutas, una modalidad que permite mantener presencia durante los recorridos y reaccionar con mayor rapidez ante eventuales incidentes. En meses recientes, la USTU ha concentrado parte de sus operaciones en terminales, puntos de abordaje y sectores de elevada circulación de pasajeros.

El combate a la extorsión constituye uno de los principales objetivos de estos despliegues. La DAET busca evitar que conductores, ayudantes y empresarios del transporte sean sometidos al cobro ilegal por parte de organizaciones criminales, un problema que ha afectado históricamente al sector en diferentes zonas de Honduras.

Los operativos, además, han dejado resultados concretos. El pasado 1 de septiembre, agentes de la USTU requirieron en la Gran Terminal Metropolitana de San Pedro Sula a un hombre de 25 años que, según la Policía, tenía una orden de aprehensión pendiente emitida por la justicia militar. El caso evidencia cómo los controles de identidad pueden permitir la localización de personas requeridas por las autoridades.

La presión policial también se ha extendido a Choloma, La Lima, El Progreso, Villanueva y Puerto Cortés, ampliando la cobertura de seguridad más allá de San Pedro Sula. En julio, por ejemplo, la DAET reportó capturas vinculadas con estructuras dedicadas a la extorsión en La Lima, mientras mantiene patrullajes y controles focalizados en otros puntos de la región.

Con estas acciones, la Policía Nacional sostiene que pretende recuperar espacios para los ciudadanos y garantizar desplazamientos más seguros en uno de los principales núcleos económicos y de movilidad del país. La DAET y la USTU han reiterado, además, el llamado a transportistas y usuarios a denunciar amenazas o hechos de extorsión; la institución mantiene habilitada la línea 143 para recibir denuncias de manera confidencial.