La Corte Suprema de Justicia (CSJ) notificó oficialmente a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), abogados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona Rodríguez, para que comparezcan a una audiencia de declaración de imputado por el presunto delito de prevaricato judicial. La citación, remitida por el secretario Designado, establece que la diligencia se llevará a cabo el martes 18 de noviembre de 2025 a las 2:00 p.m.
Según la comunicación de la CSJ, ambos magistrados deberán acudir a esta audiencia inicial, en la cual tendrán derecho a ejercer su defensa material, ya sea ofreciendo su propia declaración o reservándose el derecho a no declarar. Durante esta etapa, el órgano jurisdiccional también deberá valorar si corresponde imponer alguna medida cautelar, ya sea privativa o sustitutiva de la libertad.
El oficial de comunicaciones de la CSJ, Melvin Duarte, indicó que, conforme al listado preestablecido de distribución de causas, el expediente fue asignado a la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Lizette Ráquel Obando, quien será la encargada de conocer el caso y conducir la audiencia.
“Ya ha analizado el expediente al que se le dio traslado y ha resuelto notificar la convocatoria a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral acusados, para su primera audiencia, la audiencia preparatoria o de declaración de imputado, programada para el martes 18 a las 2:00 de la tarde. Si los acusados no comparecen, el juez queda facultado para dictar las órdenes de captura correspondientes”, explicó Duarte.
De acuerdo con el funcionario, uno de los magistrados ya expresó su disposición para presentarse a la audiencia, por lo que se espera que ambos asistan en tiempo y forma al llamado realizado por la Corte Suprema de Justicia.
Durante la diligencia, las autoridades judiciales informarán a los imputados sobre los hechos que el Ministerio Público señala en el requerimiento fiscal, así como el delito atribuido, en este caso, prevaricato judicial. También se presentarán los elementos que sustentan la acusación formal.
El Ministerio Público deberá sustentar frente a la autoridad judicial los motivos por los cuales considera que los magistrados incurrieron en dicho delito, mientras que la defensa tendrá la oportunidad de refutar las imputaciones y presentar sus argumentos iniciales.
Finalmente, en aplicación del artículo 173 del Código Procesal Penal, el juez determinará la medida cautelar correspondiente, con el fin de asegurar la presencia de los acusados en las etapas posteriores del proceso penal, garantizando así la continuidad y legalidad del procedimiento.
