El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) exhortó a las autoridades hondureñas a no seguir ampliando el estado de excepción, una medida que —según la institución— ha demostrado ser ineficaz para reducir la criminalidad y, en cambio, ha generado más de 1,060 denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Luis Martínez, oficial jurídico del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, explicó que la medida ha derivado en un incremento de quejas interpuestas por ciudadanos que aseguran haber sido víctimas de abusos policiales, allanamientos ilegales y uso desproporcionado de la fuerza.

Martínez sostuvo que el Conadeh ha reiterado en diversas ocasiones que el estado de excepción no aborda las raíces del problema de la violencia, sino que lo profundiza al limitar derechos y libertades fundamentales. Por ello, insistió en la necesidad de una política pública de seguridad con enfoque de derechos humanos, que priorice la prevención y la inclusión social.

El funcionario recordó que en abril de 2025, el Conadeh presentó un informe ante el Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas, en el que ya se advertía sobre la acumulación de al menos 800 quejas contra elementos de los cuerpos de seguridad.

Con los datos actualizados a septiembre de 2025, la cifra aumentó a 1,060 denuncias, la mayoría dirigidas contra miembros de la Policía Nacional, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (DIPAMPCO) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), entre otras dependencias.

El informe del Conadeh también señala que las principales denuncias están relacionadas con allanamientos violentos, torturas, malos tratos, daños a la propiedad privada, pérdida de objetos personales, y la utilización de pruebas presuntamente falsificadas para incriminar a ciudadanos.

“Hemos sido claros y firmes en señalar que la militarización no es la respuesta a la inseguridad, sino la aplicación de políticas integrales que ataquen las causas estructurales del crimen, la exclusión y la pobreza”, enfatizó Martínez.

El Conadeh reiteró su llamado al Gobierno para replantear la estrategia de seguridad y apostar por un modelo basado en la legalidad, la transparencia y el respeto a la dignidad humana, recordando que la seguridad no puede construirse sobre la violación de los derechos fundamentales.