En una nueva ofensiva contra el crimen organizado, el Gobierno de Estados Unidos anunció este martes la designación de la pandilla transnacional Barrio 18 como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT). La medida forma parte de una estrategia más amplia para desmantelar redes de narcotráfico y pandillas que representan una amenaza directa a la seguridad del país.
El secretario de Estado, Marco Rubio, fue el encargado de comunicar la decisión. En su declaración oficial, Rubio subrayó que Barrio 18 —rival histórico de la Mara Salvatrucha (MS-13)— es una de las pandillas más grandes del hemisferio occidental, con un historial de ataques violentos contra fuerzas de seguridad, funcionarios públicos y civiles en países como El Salvador, Guatemala y Honduras.
Barrio 18, también conocida como Pandilla 18, Calle 18 o simplemente “la 18”, nació en las calles de Los Ángeles y se expandió rápidamente por Centroamérica, convirtiéndose en una de las organizaciones criminales más sangrientas de la región. Su influencia se ha consolidado en zonas vulnerables, donde ejerce control territorial y opera redes de extorsión, tráfico de drogas y violencia sistemática.
Rubio destacó que esta acción refleja el “compromiso inquebrantable” de la administración Trump con la seguridad del pueblo estadounidense y la erradicación de estructuras criminales. Además, advirtió que EE.UU. continuará interrumpiendo las fuentes de financiamiento que sostienen la actividad violenta de pandillas y cárteles.
Desde el retorno de Donald Trump a la presidencia en enero, Washington ha intensificado su política de designaciones terroristas. Entre los grupos incluidos figuran los principales cárteles mexicanos —como el de Sinaloa, CJNG y el Cartel del Golfo— así como organizaciones criminales de Venezuela, Ecuador y otros países latinoamericanos.
La inclusión de Barrio 18 en la lista de entidades terroristas implica consecuencias legales significativas: desde el congelamiento de activos hasta la posibilidad de enjuiciar a individuos por brindar apoyo directo o indirecto a la organización.
