Los Ángeles, 13 de julio de 2025 — En un firme acto de resistencia ante la intensificación de redadas migratorias en la ciudad, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, firmó el pasado viernes 11 de julio una orden ejecutiva destinada a proteger a las comunidades inmigrantes, reforzar los protocolos municipales y limitar la cooperación local con las autoridades federales en temas migratorios.
La medida llega tras más de un mes de operativos migratorios que, según la alcaldesa, han sido “ilegales y caóticos”. Bass denunció que estos operativos, llevados a cabo sin coordinación con el gobierno local, han sembrado el temor en los vecindarios y vulnerado los derechos de miles de residentes. “Esta directiva es necesaria para ayudar a la ciudad y a sus habitantes a enfrentar la política migratoria del presidente Trump”, declaró Bass en una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento.
Entre los puntos centrales de la orden ejecutiva se encuentran la prohibición del uso de recursos municipales para colaborar con la aplicación de leyes migratorias federales y la ampliación del acceso a servicios y asistencia legal para las familias afectadas por las redadas. Asimismo, se establece la creación de un nuevo grupo de trabajo dentro del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), enfocado en documentar abusos y asistir a las víctimas de los operativos.
La alcaldesa también exigió a las agencias federales la entrega de registros sobre redadas ejecutadas sin autorización municipal, una demanda que se enmarca en la búsqueda de posibles violaciones a derechos civiles.
El anuncio fue acompañado de fuertes críticas por parte de Bass al despliegue reciente de fuerzas federales en el Parque MacArthur, un operativo que se llevó a cabo sin el permiso de la ciudad. Según testigos y autoridades locales, el operativo incluyó la presencia de un helicóptero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), vehículos blindados y agentes a caballo, acciones que fueron interpretadas como una muestra de fuerza para atemorizar a la población. “Los habitantes de Los Ángeles no serán intimidados. Usaremos todos los recursos y herramientas a nuestro alcance para defender sus derechos”, afirmó la alcaldesa.
En paralelo, el Ayuntamiento de Los Ángeles continuará emprendiendo acciones legales en los tribunales para frenar los operativos migratorios considerados abusivos, una estrategia que busca hacer frente desde lo judicial a las políticas del gobierno federal.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, líderes comunitarios y activistas han respaldado ampliamente la iniciativa, aplaudiendo la postura firme de la alcaldesa en defensa de una ciudad que históricamente ha sido refugio para migrantes. “Esta orden ejecutiva representa un escudo necesario en tiempos de incertidumbre”, expresó Ana Morales, portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
Con esta acción, Karen Bass envía un mensaje claro: Los Ángeles no será cómplice de políticas migratorias que criminalicen la diversidad y el tejido social de una de las ciudades más multiculturales del país.
