TEGUCIGALPA, HONDURAS. — La esperanza de miles de hondureños que buscaban obtener más tiempo para reorganizar su situación migratoria en Estados Unidos sufrió un nuevo revés este jueves, luego de que Washington descartara conceder un periodo adicional de gracia tras la terminación del TPS para Honduras. La decisión fue confirmada por la canciller hondureña, Mireya Agüero.

La funcionaria explicó que la respuesta estadounidense se produjo después de las gestiones realizadas por el Gobierno de Nasry Asfura, que había solicitado una transición ordenada para los compatriotas que durante años permanecieron protegidos por este programa migratorio. Agüero señaló que la negativa corresponde a una decisión soberana de Estados Unidos.

El presidente Asfura había llevado personalmente el tema a sus conversaciones bilaterales con funcionarios estadounidenses y posteriormente dirigió una solicitud al secretario de Estado, Marco Rubio. La petición hondureña pretendía conseguir un plazo razonable para que los beneficiarios pudieran recibir orientación legal, explorar alternativas migratorias y organizar sus asuntos personales y familiares antes de enfrentar las consecuencias de la pérdida del TPS.

Aunque el anuncio representa un duro golpe para los esfuerzos diplomáticos de Tegucigalpa, el Gobierno hondureño sostiene que ahora debe concentrarse en atender las consecuencias de la decisión. La Cancillería anunció que trabaja en un plan interinstitucional destinado a acompañar a los connacionales que eventualmente sean deportados o que opten por regresar voluntariamente al país.

El alcance de la medida es considerable. Las autoridades hondureñas han estimado en más de 55,000 los compatriotas afectados por la finalización del programa, muchos de ellos con largos años de residencia en Estados Unidos, empleos, viviendas, familias y compromisos económicos establecidos en ese país.

El TPS no constituye una residencia permanente, pero mientras permanece vigente permite a ciudadanos de países designados permanecer legalmente en territorio estadounidense y obtener autorización de empleo. Para Honduras, la designación había estado vigente desde 1999, después de que el huracán Mitch provocara una grave alteración de las condiciones de vida en el país.

La terminación fue ordenada inicialmente por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en 2025. El aviso publicado en el Registro Federal estableció que la designación hondureña concluiría a las 11:59 de la noche del 8 de septiembre de 2025, decisión que posteriormente quedó sujeta a distintos procesos judiciales antes de que su aplicación avanzara nuevamente.

Con la situación actualmente confirmada por las autoridades, los beneficiarios no deben interpretar la negativa de Washington como una nueva prórroga automática. USCIS mantiene en sus registros que la designación del TPS para Honduras terminó el 8 de septiembre de 2025, mientras que la agencia también advierte que algunos inmigrantes podrían contar individualmente con otras formas de autorización o estatus migratorio.

Para quienes perdieron exclusivamente la protección del TPS, el escenario migratorio puede variar dependiendo de cada caso. La existencia de solicitudes pendientes, otros beneficios migratorios, procesos ante tribunales o posibles vías legales puede modificar la situación individual, por lo que las autoridades y organizaciones de asistencia recomiendan obtener asesoría especializada antes de tomar decisiones.

Desde Tegucigalpa, la estrategia oficial apunta ahora a evitar que la eventual llegada de connacionales se convierta en un proceso desordenado. La Cancillería ha planteado acciones de acompañamiento y coordinación institucional, mientras mantiene como prioridad la atención de los hondureños que puedan verse afectados por deportaciones o por un retorno voluntario.

El Gobierno también ha intentado reducir las expectativas sobre un retorno masivo inmediato. En agosto, la Cancillería afirmó que el fin del TPS constituía una realidad con efectos concretos, pero descartó en ese momento que necesariamente provocara una llegada repentina de decenas de miles de hondureños o un impacto severo inmediato sobre las remesas familiares.

Mientras Washington mantiene firme su decisión, el desafío para Honduras entra en una nueva etapa: acompañar a miles de ciudadanos que deberán definir su futuro migratorio en Estados Unidos y, paralelamente, preparar condiciones para quienes regresen al territorio nacional. La negativa al periodo de gracia cierra, por ahora, una de las principales vías diplomáticas que Tegucigalpa había planteado para facilitar esa transición.