La política migratoria de Estados Unidos entra en una nueva etapa de presión sobre los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), después de que la administración de Donald Trump avanzara con la cancelación de las protecciones para ciudadanos de distintos países. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha sostenido que quienes pierdan definitivamente el beneficio deben abandonar el territorio estadounidense o enfrentar las consecuencias previstas por las leyes migratorias.
En el caso de Honduras, la situación dejó de ser solamente una amenaza. El DHS anunció en julio de 2025 la terminación del TPS y fijó inicialmente el 8 de septiembre de 2025 como fecha para que concluyeran los beneficios. Sin embargo, el proceso quedó atrapado en una batalla judicial y posteriormente un tribunal federal había ordenado restaurar la protección, antes de que una instancia superior suspendiera esa decisión en febrero de 2026.
La situación jurídica cambió nuevamente después de una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, emitida el 25 de junio de 2026, que determinó que las decisiones de terminación del TPS no están sujetas a revisión judicial en los términos planteados en esos litigios. El fallo revirtió decisiones de tribunales inferiores y devolvió los casos a las instancias correspondientes, reforzando la capacidad de la administración para ejecutar las cancelaciones.
Para los hondureños, el impacto es especialmente significativo porque el TPS había protegido a una comunidad que llevaba décadas residiendo y trabajando legalmente en Estados Unidos. La designación original se remonta a 1999 y fue otorgada tras los efectos devastadores del huracán Mitch; en 2023, la administración de Joe Biden había rescindido la terminación anterior y extendido la protección hasta julio de 2025.
El panorama venezolano, entretanto, presenta particularidades. La administración Trump intentó terminar anticipadamente la protección de determinados venezolanos, pero el caso produjo varios enfrentamientos judiciales. En enero de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito sostuvo que la terminación anticipada había excedido la autoridad de la secretaria de Seguridad Nacional, argumentando que una extensión vigente mantenía la designación hasta el 2 de octubre de 2026.
La batalla legal venezolana, no obstante, ha sido extraordinariamente compleja: la Corte Suprema ya había intervenido anteriormente para permitir temporalmente la ejecución de la terminación mientras avanzaban las apelaciones. El propio expediente de la Corte recoge que las decisiones adoptadas por la administración habían buscado adelantar la terminación para cientos de miles de venezolanos que habían recibido protección migratoria.
Mientras el panorama jurídico se redefine, también se han conocido casos de hondureños que terminaron bajo custodia migratoria después de la pérdida del TPS. En octubre de 2025, medios hondureños reportaron el caso de un compatriota originario de Choluteca y residente en West Palm Beach, Florida, quien fue detenido y trasladado al centro conocido como Alligator Alcatraz; según la información publicada entonces, enfrentaba una audiencia de deportación.
El mensaje para los beneficiarios es, por tanto, de máxima cautela: la pérdida del TPS no significa automáticamente que toda persona sea deportada de inmediato, pero sí elimina una protección fundamental frente a la remoción si el inmigrante no dispone de otro estatus o mecanismo legal que le permita permanecer en Estados Unidos. Abogados y organizaciones de inmigrantes recomiendan revisar individualmente cada expediente antes de tomar decisiones, debido a que las circunstancias pueden variar según solicitudes de asilo, residencia, procesos pendientes u otras formas de protección.
Estos son los países que tienen aviso de cancelación definitiva del TPS:
