Keiko Fujimori asumió este martes la Presidencia de Perú para el periodo 2026-2031, en una ceremonia oficial celebrada en el Congreso de la República, marcando el retorno del fujimorismo al poder después de más de dos décadas. La líder del partido Fuerza Popular llegó al Palacio de Gobierno tras una elección definida por un estrecho margen y en medio de un escenario político marcado por años de inestabilidad institucional.
Durante su primer mensaje como jefa de Estado, Fujimori anunció que su administración otorgará un papel más activo a las Fuerzas Armadas en las regiones donde se declare emergencia por altos niveles de criminalidad. La mandataria planteó que los militares lideren operaciones especiales contra organizaciones dedicadas a la extorsión, narcotráfico y otras actividades ilícitas, como parte de una estrategia para recuperar la seguridad pública.
La nueva presidenta también presentó una agenda de reformas que incluye cambios en el sistema penitenciario peruano, con el objetivo de fortalecer el control dentro de las cárceles y reducir la capacidad operativa de las bandas criminales que actúan desde centros de reclusión. Fujimori sostuvo que la lucha contra el delito será una de las prioridades de su gobierno durante los próximos cinco años.
En materia económica, la gobernante anunció un incremento del 15 % en la remuneración mínima vital, que pasaría de 1.130 a 1.300 soles mensuales, una medida presentada como apoyo directo a los trabajadores peruanos frente al costo de vida. La propuesta forma parte de un paquete inicial de acciones con las que busca combinar seguridad, crecimiento económico y asistencia social.
La ceremonia de investidura reunió a representantes internacionales y líderes políticos de la región, mientras Fujimori llamó a la unidad nacional y prometió estabilidad después de una década marcada por frecuentes cambios de gobierno. Su llegada al poder convierte a Perú en escenario de un nuevo giro político hacia posiciones conservadoras en Sudamérica.
Sin embargo, el nuevo gobierno inicia con el desafío de enfrentar una sociedad profundamente dividida por el resultado electoral y por el legado político del fujimorismo. Mientras sus seguidores esperan mano firme contra la delincuencia y recuperación económica, sus críticos han expresado preocupación por el fortalecimiento del rol militar en tareas de seguridad interna y por los antecedentes políticos asociados al movimiento que representa.
