El Gobierno de Nicaragua avanza en una nueva reforma constitucional que modificaría las reglas del sistema electoral del país. La iniciativa, anunciada por la copresidenta Rosario Murillo, busca excluir de futuros procesos electorales a los opositores que hayan sido despojados de su nacionalidad o declarados "traidores a la patria", y será sometida a una primera aprobación legislativa durante el mes de septiembre.
De acuerdo con Murillo, el proyecto será sometido previamente a un proceso de consultas con diferentes sectores antes de llegar a la Asamblea Nacional, órgano controlado por el oficialismo. La funcionaria aseguró que los encuentros incluirán representantes diplomáticos, instituciones del Estado y otros actores convocados por el Ejecutivo.
El anuncio se produce pocos días después de que el presidente Daniel Ortega afirmara públicamente que en Nicaragua "no volverá a haber elecciones", declaraciones que provocaron una ola de reacciones dentro y fuera del país. Posteriormente, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, sostuvo que sí habrá procesos electorales, aunque bajo un nuevo marco constitucional que, según dijo, impedirá la participación de quienes el Gobierno considera responsables de actos contra la soberanía nacional.
Las reformas forman parte de una estrategia política impulsada por el oficialismo tras las modificaciones constitucionales aprobadas en 2025, que fortalecieron la concentración del poder en la Presidencia y establecieron la figura de la copresidencia ejercida por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Diversos observadores consideran que los cambios profundizan el control institucional del Ejecutivo sobre el sistema político.
La propuesta ha sido cuestionada por gobiernos, organismos multilaterales y entidades defensoras de los derechos humanos. Países de América y Europa, así como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han expresado preocupación por las implicaciones que la reforma tendría sobre el pluralismo político y el derecho de participación ciudadana.
Desde la oposición nicaragüense en el exilio también surgieron críticas a la iniciativa. Dirigentes opositores sostienen que la reforma consolidaría un modelo de partido dominante y reduciría aún más los espacios de competencia política, mientras que el Gobierno defiende los cambios argumentando que buscan proteger la estabilidad, la paz y la soberanía del país frente a lo que califica como injerencias externas.
La comunidad internacional mantiene el seguimiento sobre el proceso legislativo debido a sus posibles efectos en las elecciones previstas para el próximo período presidencial. Analistas advierten que la aprobación definitiva de la reforma podría influir en las relaciones diplomáticas de Nicaragua y aumentar la presión internacional sobre el Gobierno de Ortega y Murillo.
El debate sobre esta reforma se desarrolla en un contexto de prolongada crisis política iniciada tras las protestas de 2018 y de cuestionamientos internacionales a los procesos electorales celebrados en los últimos años. Mientras el oficialismo sostiene que las modificaciones fortalecerán el orden constitucional, sus críticos consideran que representan un nuevo paso en la restricción de la competencia política y de las garantías democráticas en Nicaragua.
