El Gobierno de Venezuela anunció este viernes el inicio formal de su retiro de la Corte Penal Internacional (CPI), luego de comunicar al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, su decisión de denunciar el Estatuto de Roma, instrumento jurídico que dio origen a ese tribunal con sede en La Haya. La medida fue confirmada por el canciller Félix Plasencia, quien indicó que el proceso se realiza conforme al artículo 127 del tratado.
La decisión fue adoptada por la administración encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y se produce más de siete meses después de que la Asamblea Nacional venezolana, de mayoría oficialista, aprobara por unanimidad la derogación de la ley que ratificó la adhesión del país al Estatuto de Roma, dando el primer paso legal para abandonar la jurisdicción de la CPI.
En un comunicado difundido a través de la red social X, el canciller Félix Plasencia sostuvo que Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un "sesgo geográfico demostrado", al concentrar, según afirmó, gran parte de sus investigaciones en países de África y América Latina, lo que calificó como un tratamiento desigual hacia las naciones del denominado Sur Global.
El jefe de la diplomacia venezolana agregó que ese patrón evidencia, a juicio de Caracas, una justicia internacional que ha sido "instrumentalizada" y que desconoce principios como la autodeterminación de los pueblos y la soberanía de los Estados. Asimismo, afirmó que la Corte habría puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a los objetivos para los cuales fue creada.
Plasencia también rechazó lo que definió como una estrategia de "lawfare", término utilizado para describir el supuesto uso de procesos judiciales con fines políticos. Según el Gobierno venezolano, esa práctica ha servido para mantener una persecución contra el Estado y el pueblo venezolano, además de profundizar las desigualdades que, en su criterio, la justicia internacional debería combatir.
La Corte Penal Internacional mantiene abierta desde 2021 una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. De acuerdo con especialistas en derecho internacional, la notificación de retiro no implica el cierre inmediato de ese proceso, ya que el artículo 127 del Estatuto de Roma establece que la salida de un Estado surte efecto un año después de la notificación oficial y no extingue las obligaciones derivadas de investigaciones iniciadas con anterioridad.
La CPI, creada en 2002 mediante el Estatuto de Roma, tiene competencia para investigar y juzgar delitos como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, en determinadas circunstancias, el crimen de agresión, cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no desean actuar. Actualmente, más de un centenar de Estados forman parte del tratado internacional.
El anuncio de Caracas abre un nuevo capítulo en la relación entre Venezuela y los organismos internacionales de justicia. Mientras el Gobierno sostiene que su decisión responde a la defensa de la soberanía nacional y al rechazo de una supuesta aplicación selectiva del derecho internacional, diversos observadores consideran que el retiro no impedirá que continúen las actuaciones relacionadas con los casos ya abiertos bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
