La tensión política en Honduras sumó un nuevo capítulo luego de que la consejera del Consejo Nacional Electoral, Cossette López, anunciara que procederá legalmente contra el excandidato presidencial Salvador Nasralla.

La acción judicial también incluiría a la diputada Iroshka Elvir, a quienes la funcionaria responsabiliza de impulsar una campaña de señalamientos en su contra.

Durante declaraciones ofrecidas a un medio televisivo de la capital, López manifestó que interpondrá querellas al considerar que ha sido objeto de acusaciones graves sin sustento.

“Los voy a querellar porque aquí no hay quien lo defienda a uno”, expresó la consejera, al tiempo que cuestionó la falta de respaldo institucional ante lo que califica como ataques reiterados.

En ese contexto, aseguró que enfrenta una situación compleja al sentirse expuesta a señalamientos públicos que, según indicó, han sido ignorados por distintos niveles del Estado.

López sostuvo que las críticas y acusaciones en su contra han trascendido administraciones gubernamentales, convirtiéndose —según su visión— en una práctica que afecta la institucionalidad.

Asimismo, denunció la existencia de una estrategia para dañar su imagen y la de su colega Ana Paola Hall, señalando que se busca generar rechazo público hacia ambas.

De acuerdo con sus declaraciones, estas acciones responderían a intereses políticos orientados a debilitar la credibilidad del órgano electoral.

La consejera también rechazó señalamientos específicos, incluyendo acusaciones que calificó como graves, entre ellas supuestas amenazas y versiones que, asegura, no tienen fundamento.

En ese sentido, retó a quienes la acusan a presentar pruebas que respalden tales afirmaciones, enfatizando que nunca ha incurrido en conductas ilícitas.

López afirmó que no permitirá que continúen las campañas de desprestigio en su contra, por lo que recurrirá a instancias legales para defender su reputación.

En sus declaraciones, también mencionó la existencia de alianzas entre figuras políticas que, según dijo, buscan prolongar un ambiente de desconfianza hacia el ente electoral.

La funcionaria consideró que este tipo de confrontaciones afectan la percepción ciudadana sobre los procesos democráticos y las instituciones encargadas de garantizarlos.

Además, vinculó estos hechos con una estrategia más amplia que, a su juicio, ha intentado debilitar la confianza pública en el sistema electoral.

La consejera también hizo referencia al contexto político reciente, señalando que desde sectores vinculados al partido Libertad y Refundación se habría impulsado una narrativa crítica contra el órgano electoral.

No obstante, sostuvo que la ciudadanía ha sabido diferenciar entre los distintos actores políticos y ha mantenido cierto nivel de confianza en las autoridades electorales.

El anuncio de acciones legales abre un nuevo frente de confrontación política en el país, en un contexto marcado por acusaciones cruzadas y cuestionamientos a la institucionalidad electoral.