Tegucigalpa, 7 de noviembre de 2025. — El Ministerio Público (MP) informó este viernes que aún no ha recibido notificación oficial sobre la resolución judicial que declara inadmisible el antejuicio promovido contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), señalados de presuntamente emitir resoluciones contrarias a la ley. La institución subrayó que la falta de comunicación formal retrasa el avance del proceso judicial, en un contexto electoral donde la transparencia es fundamental.

En un comunicado difundido a través de sus canales oficiales, el MP manifestó que “se requiere con carácter de urgencia que la Corte Suprema de Justicia haga efectiva la notificación de la resolución”, a fin de proceder conforme al marco legal y continuar con las diligencias pertinentes. La entidad sostiene que la investigación se desarrolla bajo los principios de objetividad y legalidad, pilares esenciales para la confianza pública en las instituciones democráticas.

De acuerdo con fuentes internas del Ministerio Público, el equipo de fiscales asignado al caso está preparado para presentar el requerimiento fiscal correspondiente una vez se concrete la notificación por parte del Poder Judicial. “El Ministerio Público reitera su compromiso con la aplicación imparcial de la ley y con la rendición de cuentas en todos los niveles del Estado”, precisó el comunicado institucional.

El caso involucra a dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, quienes, según la investigación preliminar, habrían incurrido en resoluciones que contradicen la normativa vigente en materia electoral. Aunque el MP no ha revelado los nombres de los funcionarios involucrados, fuentes judiciales citadas por El Reportero Honduras afirman que el expediente está relacionado con fallos emitidos durante la revisión de candidaturas y controversias político-electorales.

El abogado constitucionalista Ramón Barrios opinó que este tipo de casos “deben ser tramitados con absoluta transparencia y sin dilaciones, especialmente en un año electoral donde la independencia judicial está en el centro del debate público”. Barrios subrayó que el antejuicio es una figura que permite investigar a altos funcionarios sin vulnerar el principio de inmunidad, pero su uso inadecuado o su retraso puede generar percepciones de impunidad.

Por su parte, organizaciones de la sociedad civil como ASJ (Asociación para una Sociedad más Justa) y Transparencia Internacional-Honduras han pedido a las autoridades judiciales celeridad y claridad en los procedimientos. En un comunicado reciente, la ASJ advirtió que “la falta de notificación oportuna en casos sensibles debilita la confianza ciudadana en el sistema de justicia y puede afectar el ambiente electoral previo a las votaciones generales del 30 de noviembre”.

El MP recordó que su actuación está enmarcada en el mandato constitucional de ejercer la acción penal pública y velar por el cumplimiento de la ley. Asimismo, reiteró que todos los procesos vinculados a las Elecciones Generales 2025 deben desarrollarse “con apego estricto a la legalidad, la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y funcionarios investigados”.

Hasta el cierre de esta nota, la Corte Suprema de Justicia no se había pronunciado oficialmente sobre los motivos que llevaron a declarar inadmisible el antejuicio ni sobre el tiempo estimado para notificar al Ministerio Público. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que la resolución se encuentra en trámite de revisión administrativa, lo que podría demorar la entrega formal de la notificación.