Por Alex Espinal
Especialista en Defensa y Seguridad Nacional
A un mes de las elecciones generales del 30 de noviembre, Honduras se encuentra en el umbral de una tormenta política con implicaciones que trascienden sus fronteras. La fractura institucional, la captura del aparato electoral y la creciente influencia de actores externos —especialmente de regímenes autoritarios como Cuba, Rusia, China e Irán— amenazan no solo la gobernabilidad interna, sino también el delicado equilibrio estratégico de toda Centroamérica. En un país históricamente dependiente de Estados Unidos y anclado en el sistema democrático occidental, la deriva actual podría redefinir el mapa de poder regional.
El epicentro de la crisis hondureña es el Consejo Nacional Electoral (CNE). En los últimos tres meses, sus miembros han denunciado presiones, persecución judicial y obstrucción presupuestaria por parte del Ejecutivo. A la par, el Ministerio Público —controlado por figuras cercanas al oficialismo— ha abierto procesos por “abuso de autoridad” y “traición” contra consejeros que han cuestionado la legalidad de ciertas decisiones del gobierno.
La consecuencia es clara: el árbitro electoral ha perdido credibilidad. Las fuerzas políticas de oposición, encabezadas por el Partido Liberal de Honduras (PLH) y el Partido Nacional (PN), sostienen que no existen condiciones mínimas para unas elecciones libres y transparentes. La desconfianza se agrava por los fallos en las primarias, donde hubo denuncias de manipulación de actas y participación de estructuras armadas en el traslado del material electoral.
El riesgo no es solo de fraude, es de colapso institucional, un escenario en el cual el resultado electoral carezca de legitimidad, desate movilizaciones masivas y provoque una fractura de poder entre el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y la oposición civil.
En paralelo, las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.) han asumido un protagonismo inusual. Su participación en la logística electoral —transporte de urnas, resguardo de papeletas y control territorial— ha sido cuestionada por sectores civiles y observadores internacionales.
Los recientes relevos en mandos intermedios, donde oficiales críticos fueron sustituidos por figuras cercanas al oficialismo, refuerzan la percepción de que el poder militar está siendo utilizado como instrumento de control político. En términos de seguridad nacional, esto es preocupante: un ejército politizado es un ejército dividido, y la división en el seno de las FF. AA. podría traducirse en fragmentación del Estado.
A nivel regional, la militarización del proceso electoral en Honduras reactiva una vieja amenaza: el retorno de los “Estados de seguridad” centroamericanos, donde las instituciones castrenses reemplazan al poder civil bajo el argumento del “orden”. Tal deriva, en pleno siglo XXI, alteraría los equilibrios de cooperación regional en materia de defensa, inteligencia y lucha contra el crimen transnacional.
Mientras la crisis se profundiza, el gobierno hondureño ha intensificado su acercamiento con actores geopolíticamente rivales de Occidente. En los últimos meses, delegaciones rusas han visitado Tegucigalpa, firmando acuerdos de cooperación energética y militar, en lo que analistas interpretan como un intento de reconfigurar la orientación estratégica del país.
China, por su parte, ha consolidado su presencia económica desde el rompimiento de relaciones con Taiwán en 2023. Los proyectos de infraestructura y telecomunicaciones financiados por Pekín avanzan con cláusulas opacas, mientras funcionarios del gobierno promueven la narrativa de una “soberanía multipolar” que rompe con el tutelaje estadounidense.
Desde la perspectiva de Washington, esto es un punto de inflexión. Honduras ha sido durante décadas una plataforma estratégica para la proyección de poder de EE. UU. en el Caribe y el istmo centroamericano. La presencia de bases logísticas, radares y cooperación antinarcóticos en Palmerola no solo garantiza la vigilancia del corredor del narcotráfico, sino también el control de rutas aéreas y marítimas hacia el Golfo de México.
Un cambio de alineamiento geopolítico en Tegucigalpa —en medio de elecciones cuestionadas y debilidad institucional— representaría una amenaza directa a la arquitectura de seguridad hemisférica. Washington teme que, al igual que Venezuela o Nicaragua, Honduras se convierta en un punto de apoyo para redes de inteligencia rusas e iraníes, o para el uso estratégico de puertos y aeropuertos por parte de potencias extrarregionales.
Hasta ahora, la reacción de Estados Unidos ha sido cautelosa. El Departamento de Estado ha expresado “preocupación por el deterioro democrático” y ha exigido respeto a la independencia del CNE. Sin embargo, la política estadounidense hacia Honduras enfrenta un dilema: ejercer presión puede fortalecer el discurso antiimperialista del oficialismo, mientras que la pasividad puede facilitar el avance de la influencia sino-rusa.
En paralelo, los países vecinos observan con inquietud.
- El Salvador, bajo el mando autoritario de Nayib Bukele, mantiene una prudente distancia, pero teme que la crisis hondureña reactive movimientos de oposición interna.
- Guatemala, aún bajo observación internacional por la crisis poselectoral de 2023, podría aprovechar el caos en Tegucigalpa para reposicionarse como aliado preferente de Washington.
- Nicaragua, por el contrario, apoya abiertamente a Libre y promueve la narrativa de una “transición revolucionaria centroamericana” frente al “bloqueo imperial”.
Este reacomodo de alianzas podría redefinir los ejes de poder en la región, con un triángulo ideológico Managua–Tegucigalpa–Caracas consolidando un bloque antiestadounidense en el corazón del istmo.
El deterioro político de Honduras tiene tres implicaciones inmediatas para la seguridad nacional y regional:
- Vacío de poder y penetración del crimen organizado
La debilidad institucional y la distracción política crean el escenario ideal para el fortalecimiento de cárteles y redes de narcotráfico. Honduras sigue siendo un corredor clave de cocaína hacia Norteamérica, y el control territorial de estos grupos podría aumentar si las fuerzas del orden se politizan.
- Inestabilidad social y desplazamiento interno
Un proceso electoral violento o impugnado puede generar un nuevo ciclo de protestas, represión y migración. Honduras ya aporta uno de los mayores flujos migratorios hacia EE. UU.; un colapso institucional podría provocar una crisis humanitaria regional, afectando a Guatemala y México.
- Desalineamiento geoestratégico
Si el gobierno hondureño consolida alianzas con Rusia, Irán o China, la presencia de infraestructura dual —puertos, satélites, sistemas de comunicación— podría ser utilizada con fines de inteligencia o proyección militar. Esto alteraría la correlación de fuerzas en el Caribe occidental, un área que EE. UU. considera parte de su esfera de seguridad inmediata.
Ahora visualicemos ¿Cuáles son los escenarios posibles de cara a las Elecciones Generales del 30 de noviembre en Honduras?
Escenario 1: elecciones pacíficas, resultado impugnado
El oficialismo se declara ganador, la oposición denuncia fraude, y estallan protestas masivas. El gobierno responde con estado de excepción y militarización. El resultado sería la
inestabilidad crónica, sanciones internacionales y aislamiento diplomático.
Escenario 2: suspensión o aplazamiento de elecciones
El gobierno invoca razones de “seguridad” o “condiciones logísticas” para postergar el proceso. Esto consolidaría un régimen de facto con apoyo de sectores militares y civiles leales, provocando ruptura constitucional.
Escenario 3: acuerdo político temporal
Bajo presión internacional, se negocia una salida interina o un gobierno de transición con supervisión externa. Este escenario es el menos probable, pero el más estable para evitar un colapso total.
Lo que ocurra en Honduras en las próximas semanas definirá el rumbo geopolítico del istmo. Si el proceso electoral fracasa o se percibe manipulado, no solo se quebrará la frágil democracia hondureña, sino también el equilibrio estratégico de Centroamérica.
Washington podría responder con sanciones, suspensión de ayudas o incluso reconfiguración de su presencia militar regional. Pekín y Moscú, por su parte, aprovecharían el vacío para consolidar un enclave político en el corazón del continente americano.
En ese tablero, Honduras corre el riesgo de transformarse en el nuevo laboratorio de la confrontación entre potencias, una pieza que —como en la Guerra Fría— vuelve a tener un valor geopolítico desproporcionado frente a su tamaño.
Y mientras el país se debate entre urnas, uniformes y banderas extranjeras, la verdadera amenaza es interna: la pérdida del alma democrática de una nación que alguna vez fue considerada el “centro de la estabilidad” en Centroamérica.
