El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), regional de Comayagua, logró que se dictara auto de formal procesamiento con medidas cautelares contra José Uldo Cáceres Ferrera, exfuncionario del Instituto de la Propiedad (IP) en Siguatepeque.

El exservidor público es acusado de haber manipulado registros catastrales, traspasando un terreno sin contar con documentación legítima que respaldara la operación. Según las investigaciones, la acción vulneró los derechos de un ciudadano que poseía título de propiedad emitido por el Instituto Nacional Agrario (INA).

El requerimiento fiscal contra Cáceres Ferrera fue presentado originalmente el 7 de noviembre de 2013, pero tras varios años de indagaciones, un equipo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) logró su ubicación y captura, sumando este caso a otros escándalos de corrupción dentro del Instituto de la Propiedad.

La Fiscalía detalló que el imputado utilizó sus credenciales de acceso al sistema institucional para eliminar la clave catastral original y posteriormente generar nuevas claves a favor de otra persona, sin ningún tipo de soporte legal. Esta práctica, además de irregular, constituye una manipulación grave de documentos públicos.

Al término de la audiencia inicial, el juez competente resolvió imponer medidas cautelares: prohibición de salida del país y presentación periódica mientras dure el proceso penal. De esta manera, Cáceres Ferrera no podrá evadir la acción de la justicia.

El caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas catastrales del IP, que en el pasado han sido señalados como espacios donde se cometen fraudes patrimoniales mediante alteración de registros. La FETCCOP ha reiterado que continuará las investigaciones para detectar y sancionar este tipo de prácticas.

En un comunicado, el Ministerio Público subrayó que ningún cargo público otorga licencia para el abuso de autoridad y que la lucha contra la corrupción se mantendrá activa tanto en casos vigentes como en los que aún se investigan.

El proceso judicial contra Cáceres Ferrera avanza como parte de los esfuerzos por depurar las instituciones y enviar un mensaje claro: quienes manipulen bienes del Estado o de particulares utilizando su posición en oficinas públicas deberán responder ante la justicia.