En Honduras, las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 podrían no marcar un punto de reafirmación democrática, sino el último clavo en su ataúd institucional. A cinco meses del evento electoral, el proceso no avanza: el cronograma está técnicamente paralizado por la ausencia deliberada del consejero electoral Marlon Ochoa, representante del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), quien se ha negado a asistir a las sesiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) como forma de protesta por la implementación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Ochoa acusa que se está gestando un fraude “al estilo 2013 y 2017”, en referencia a las controvertidas elecciones que devolvieron el poder al Partido Nacional, entonces cuestionado por vínculos con el narcotráfico y el autoritarismo. Paradójicamente, hoy Libre, el partido que denunció fraudes en aquellos años actúa con estrategias similares desde una posición de poder: acusa sin pruebas sólidas, bloquea decisiones institucionales legítimas y atiza la desconfianza en el proceso electoral que él mismo debería ayudar a encauzar.

Esta conducta plantea una pregunta urgente: ¿Y si ya comenzó el fraude, pero esta vez desde el interior del sistema?

El CNE, como órgano colegiado, funciona por mayoría. Dos de sus tres miembros votaron a favor de avanzar con la licitación del TREP. Ochoa, que se opuso, perdió por la vía legal, o sea, por mayoría. Pero en vez de aceptar el veredicto y supervisar su implementación —como lo haría cualquier demócrata que respete el voto— ha optado por sabotear las sesiones, paralizar decisiones clave y desatar una campaña pública de desinformación.

Libre ha intensificado un discurso donde asegura que el uso del TREP será exclusivo para el bipartidismo, excluyendo a su propio partido. Pero esta afirmación es falsa: la planificación del CNE —a la que Ochoa tiene acceso, es de su pleno conocimiento, porque, como autoridad electoral ha sido participe en su diseño— incluye representación de Libre, además de observadores nacionales e internacionales.

¿Por qué mentir? ¿Por qué paralizar el CNE justo cuando más se necesita avanzar? Porque la estrategia ya no es ganarle al adversario en las urnas, sino debilitar el proceso mismo, deslegitimarlo antes de que inicie, y sentar las bases para desconocer sus resultados si no son convenientes.

Veamos el Manual latinoamericano de cómo desmontar democracias desde el poder.

Lo que ocurre en Honduras no es nuevo. La región está plagada de ejemplos donde gobiernos democráticamente electos utilizaron el poder institucional para minar la legalidad desde dentro.

En Venezuela, Hugo Chávez comenzó por descalificar al árbitro electoral, lo cooptó, y luego utilizó empresas privadas como Smartmatic de capital venezolano, para procesos cuya transparencia siempre estuvo en duda. A partir de 2004, la desconfianza en el voto electrónico —junto con el control judicial, legislativo y militar— transformó a Venezuela en una autocracia electoral: se vota, pero no se elige realmente.

En Nicaragua, Daniel Ortega fue aún más lejos: desarticuló el pluralismo político anulando partidos opositores, criminalizando candidaturas, y manteniendo un control absoluto del Consejo Supremo Electoral. Todo en nombre de una revolución popular que terminó siendo un régimen de terror institucional.

En Bolivia, las elecciones de 2019 dejaron al descubierto cómo un sistema técnico puede ser manipulado para alterar resultados. El uso irregular del TREP en ese proceso, junto con la interrupción del conteo oficial y las inconsistencias en las actas, derivaron en una revuelta ciudadana que terminó con la renuncia de Evo Morales. Ahí, el problema no fue el sistema en sí, sino su mal uso y la falta de verificación independiente.

Estas experiencias demuestran que los sistemas tecnológicos como el TREP no son en sí garantía de fraude ni de transparencia: todo depende de cómo se implementen y quién los controle.

¿Smartmatic otra vez? Los fantasmas que no se disipan. En Honduras, la licitación del TREP ha sido cuestionada por supuestas irregularidades en la presentación de ofertas. Se acusa a Libre por la presunta obstrucción para que empresas competidoras presentaran propuestas. Pero hasta ahora, ni el Ministerio Público ni la Fiscalía han actuado con celeridad, como ha ocurrido en otros países donde el aparato de justicia responde al oficialismo, los señalamientos solo avanzan cuando convienen al poder.

La empresa Smartmatic —que ha sido mencionada como una de las posibles proveedoras del TREP—su sola presencia en el debate ya despierta desconfianza por su historial de participación en elecciones conflictivas. Si se le otorga el control sin una auditoría pública previa, sin protocolos claros de verificación de actas, y sin participación efectiva de todos los actores políticos, el sistema se convertirá en un riesgo, no en una solución.

Más aún si el TREP es impuesto a última hora, sin consensos, o se abandona por completo para dejar el conteo en manos del proceso manual. Ambos escenarios son igualmente peligrosos: uno por la opacidad tecnológica, otro por el caos logístico.

Uno de los componentes más alarmantes del contexto hondureño es la parcialidad institucional. Las denuncias de irregularidades electorales y sabotaje al cronograma no encuentran eco en el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, ni en el Congreso Nacional. Todas estas instituciones —según señalamientos de distintos sectores sociales— están alineadas con el partido gobernante.

El Fiscal General, Johel Zelaya, aparece con discursos vehementes sobre justicia y legalidad, pero en la práctica su gestión no ha demostrado voluntad para actuar frente a delitos electorales cometidos por actores afines al oficialismo. La acción penal se aplica con vigor selectivo: implacable con opositores, indulgente con aliados. Esta asimetría no solo erosiona la justicia, sino que envía un mensaje de impunidad anticipada.

En cualquier país del mundo, la credibilidad del proceso electoral depende del árbitro, no solo de las urnas. Si el CNE no logra retomar su agenda institucional; si no se aplican auditorías al TREP; si se margina a los partidos de la verificación de actas; si los órganos de justicia permanecen paralizados o cooptados… entonces no importa cuántos votos se emitan: el resultado ya estará viciado desde el origen.

Lo más trágico es que esta descomposición ocurre a la vista de todos. La ciudadanía observa cómo el discurso de fraude se convierte en excusa para bloquear procesos legales. Cómo los actores que antes denunciaban autoritarismo hoy lo practican. Cómo los árbitros son presionados desde dentro. Cómo la desinformación se convierte en política de Estado.

Y lo peor: cómo la posibilidad de alternancia pacífica comienza a difuminarse.

Si el proceso electoral de noviembre se deja en manos de una empresa cuestionada, sin verificación pública de actas, con el árbitro paralizado y sin acción penal efectiva, entonces Honduras corre el riesgo de convertirse en el próximo caso de una democracia vaciada.

El camino hacia el autoritarismo no siempre llega con tanques. A veces llega disfrazado de discurso revolucionario, de defensa del pueblo, de "resistencia contra el fraude". Lo vimos en Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Y lo estamos viendo en Honduras.

Aún hay tiempo para corregir el rumbo. Pero ese tiempo se agota.