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Fuerzas Armadas advierten que combatir el crimen organizado exige más recursos y efectivos
El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Benjamín Valerio Ardón, considera que las reformas legales contra la criminalidad deben acompañarse de mayor capacidad operativa, personal y recursos financieros.
Por EL REPORTERO HONDURAS
Publicado en 01/11/2026 19:00
Honduras

El fortalecimiento de las operaciones contra el crimen organizado en Honduras requiere algo más que reformas legales. Esa es la posición expresada este domingo por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Héctor Benjamín Valerio Ardón, quien solicitó mayores recursos presupuestarios y personal para responder a las responsabilidades asignadas a la institución militar.

El alto mando explicó que las Fuerzas Armadas tienen disposición de respaldar las acciones del Estado contra las estructuras criminales, pero advirtió que las capacidades operativas deben corresponder con las misiones que se pretende ejecutar. La petición de recursos ya fue remitida al presidente Nasry Asfura mediante la Secretaría de Defensa.

Valerio también señaló que las necesidades presupuestarias no se limitan al ámbito militar. Instituciones como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Policía Nacional requieren fortalecer sus capacidades humanas y logísticas para mejorar la respuesta del sistema de seguridad y justicia.

En cuanto a las reformas al Código Penal, el jefe militar considera que las nuevas herramientas jurídicas pueden facilitar las intervenciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico, narcoterrorismo, trata de personas, tráfico de armas y otras modalidades de criminalidad transnacional. También mencionó los delitos ambientales y las actividades ilegales relacionadas con la explotación de recursos naturales.

La solicitud abre una discusión importante sobre el equilibrio entre seguridad y presupuesto público. Honduras necesita enfrentar estructuras criminales con capacidades cada vez más complejas, pero también debe garantizar que los recursos asignados se traduzcan en resultados medibles, respeto a los derechos ciudadanos, profesionalización de los cuerpos de seguridad y fortalecimiento de la investigación criminal.

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