Una operación de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) terminó con la aprehensión de dos menores de edad señalados preliminarmente de participar en cobros extorsivos en el sector de La Pradera, zona de La Satélite, en San Pedro Sula, Cortés. Los adolescentes, identificados con los alias de “Queco”, de 16 años, y “Chomin”, de 15, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente.

El procedimiento permitió a los agentes incautar dinero en efectivo y un teléfono celular, aparato que, según la información policial, habría sido utilizado para mantener contacto con las víctimas y realizar amenazas relacionadas con las exigencias económicas. Reportes locales señalan que las investigaciones buscan establecer además si existen otras personas involucradas en los cobros y determinar el alcance de las actividades atribuidas a los menores.

La intervención se ejecutó en el marco de la Operación Escudo Honduras, estrategia mediante la cual las fuerzas de seguridad han intensificado los operativos contra estructuras dedicadas a la extorsión y otros delitos en diferentes zonas del país. La DAET ha informado que sus investigaciones también están dirigidas contra personas que colaboren o mantengan vínculos con organizaciones criminales declaradas terroristas.

El operativo ocurre después de que el Congreso Nacional aprobara reformas al marco penal hondureño que endurecieron las disposiciones contra la extorsión y establecieron mecanismos para considerar como organizaciones terroristas a determinadas estructuras criminales. El Decreto 84-2026, publicado en La Gaceta, contempla modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal orientadas a fortalecer la persecución de la extorsión y de las maras y pandillas.

En septiembre, además, el Congreso aprobó nuevas reformas relacionadas con el régimen penitenciario para personas vinculadas a grupos declarados terroristas. Entre las medidas informadas oficialmente figuran el traslado a centros de máxima seguridad, restricciones y supervisión de determinadas visitas y mecanismos para interferir las comunicaciones de los privados de libertad.

Tras la aprehensión, los dos adolescentes y las evidencias fueron remitidos al Ministerio Público, que deberá continuar las diligencias y determinar las acciones judiciales correspondientes conforme al régimen aplicable a menores en conflicto con la ley. La DAET reiteró su llamado a las víctimas de extorsión para denunciar mediante las líneas 143 y 9-1-1, mientras mantiene los operativos en el Valle de Sula.