La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este 23 de septiembre su informe de Monitoreo Legislativo correspondiente al período comprendido entre el 25 de enero y el 30 de junio de 2026, en el que identifica un incremento en la actividad legislativa, aunque sostiene que ese volumen no necesariamente se ha traducido en respuestas a los principales problemas estructurales del país. Durante esos seis meses fueron presentados 926 proyectos de ley y aprobados 140, equivalente al 15%.
El análisis de la organización también pone en perspectiva la relación entre cantidad de iniciativas y aprobación. Según ASJ, los cinco parlamentarios que más proyectos presentaron acumularon 124 propuestas, pero únicamente cinco llegaron a ser aprobadas, una proporción cercana al 4%. El informe sostiene que una mayor cantidad de iniciativas no garantiza por sí misma una legislación con mayor alcance o impacto.
La distribución temática constituye otro de los puntos señalados por el estudio. Infraestructura y transporte encabezó los proyectos aprobados con 28, seguido por salud con 18 y economía y finanzas con 12; entretanto, empleo registró apenas dos proyectos, mientras seguridad y educación alcanzaron seis cada una. ASJ considera que buena parte de las iniciativas aprobadas respondió a asuntos específicos o coyunturales, en lugar de abordar reformas de carácter estructural.
En materia de transparencia, el informe señala que continúan pendientes mecanismos para conocer con mayor detalle la actividad parlamentaria, entre ellos un registro público de votaciones y la publicación de las actas de las sesiones. La organización también cuestiona la persistencia de contrataciones directas sin procesos abiertos de licitación y la falta de información sobre determinados gastos. Estas observaciones se suman a cuestionamientos previos de organizaciones de sociedad civil sobre la trazabilidad de las ayudas sociales administradas desde estructuras vinculadas al Legislativo.
Uno de los datos que concentra la atención del monitoreo corresponde al presupuesto del Congreso Nacional. ASJ reportó que de los L1,530.3 millones aprobados para el Legislativo en 2026, al cierre de junio se habían ejecutado L637.6 millones, incluidos L82.6 millones en ayudas sociales y donaciones. La organización afirma que no logró obtener información detallada sobre beneficiarios, fechas, montos y lugares de entrega pese a presentar solicitudes de información, y señala además un rezago de tres meses en la publicación de información financiera. Como referencia, el propio Congreso ha informado recientemente sobre donaciones directas a organizaciones sociales; el 19 de septiembre comunicó un aporte de L150,000 al Club Rotario de El Progreso.
Ante estos hallazgos, ASJ recomendó reorientar la agenda legislativa hacia empleo, salud, educación, seguridad y lucha contra la corrupción, además de transparentar las ayudas sociales mediante la publicación de beneficiarios, cantidades, fechas y criterios de asignación. También propuso que el Congreso utilice el SIAFI para desagregar sus partidas presupuestarias y establezca sistemas digitales de votación y asistencia con información disponible en tiempo real. Las recomendaciones llegan mientras el Legislativo inicia la discusión del proyecto de Presupuesto General de 2027, que contempla L455,374.7 millones y ya fue remitido a la Comisión de Presupuesto para su análisis.
