La discusión sobre las reglas electorales en Honduras sumó este miércoles un nuevo capítulo con la entrega de un documento de propuestas al Pleno de Comisionados de la UFTF. Las organizaciones participantes señalaron que el paquete es producto de un proceso de diálogo y construcción de consensos en el que participaron distintos sectores vinculados al sistema electoral.
Uno de los ejes planteados está relacionado directamente con el funcionamiento de la UFTF. De acuerdo con información publicada sobre la propuesta, se busca ampliar su independencia institucional y fortalecer sus herramientas legales para fiscalizar los recursos utilizados por partidos políticos y candidatos, incluyendo la posibilidad de aplicar sanciones con mayor capacidad coercitiva.
La iniciativa forma parte de un proceso más amplio que durante los últimos meses ha involucrado a organizaciones de la sociedad civil, academia, sector privado y otros actores. El PNUD informó que entre mayo y agosto se desarrollaron nueve sesiones temáticas en las que se analizaron aspectos como financiamiento de campañas, participación política, administración electoral, justicia electoral, inclusión y mecanismos de transmisión y divulgación de resultados.
El nuevo planteamiento llega además en un momento en que distintas propuestas de reforma electoral están siendo incorporadas al debate institucional. El Congreso Nacional recibió recientemente un paquete de 87 propuestas, elaborado por una mesa integrada por organizaciones como el CNA, ASJ, CESPAD, REDH, Foro de Mujeres Políticas, UNCIH y UJCV, con acompañamiento del PNUD y ONU Mujeres.
La propuesta también ya fue presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyos consejeros han señalado que cualquier modificación a las reglas electorales debe tomar en cuenta las implicaciones operativas para la organización de los comicios. El CNE prepara además una opinión técnica no vinculante sobre las iniciativas que están siendo discutidas.
Con la entrega a la UFTF, las organizaciones buscan que sus planteamientos sean considerados dentro del proceso de discusión institucional de las reformas. La Unidad, por su parte, reiteró su disposición a continuar aportando desde sus competencias en materia de financiamiento político, transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, mientras el debate legislativo avanza de cara a eventuales cambios que tendrían incidencia en el proceso electoral de 2029.