Tegucigalpa, Honduras.— El Congreso Nacional aprobó este martes reformas a distintas disposiciones legales relacionadas con la seguridad pública y el sistema penitenciario, después de que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) declarara como asociaciones terroristas a tres estructuras criminales. El paquete fue remitido por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia y tiene como antecedente las decisiones adoptadas durante la reunión del CNDS del 18 de septiembre.
Entre los cambios figura la modificación de las normas que regulan el funcionamiento del Instituto Nacional Penitenciario (INP), con el propósito de establecer un régimen especial para personas privadas de libertad vinculadas con organizaciones declaradas terroristas. La propuesta busca adaptar el sistema de clasificación, aislamiento y custodia a las nuevas disposiciones incorporadas al marco legal hondureño.
Uno de los aspectos centrales de las reformas es que las personas capturadas bajo la acusación de pertenecer a estas estructuras puedan ser trasladadas a establecimientos penitenciarios de máxima seguridad y sometidas a áreas de aislamiento, incluso mientras enfrentan el proceso judicial correspondiente. Las autoridades argumentan que estas medidas pretenden impedir que las organizaciones mantengan capacidad operativa desde los centros penales.
El nuevo esquema también contempla mayores restricciones sobre las comunicaciones de los internos. El paquete establece controles sobre teléfonos celulares y otros dispositivos, además de medidas para impedir el uso de tecnologías de comunicación que puedan facilitar el contacto entre personas recluidas y miembros de organizaciones criminales que se encuentren fuera de los centros penitenciarios.
Las reformas incluyen asimismo disposiciones relacionadas con las visitas y el contacto de los privados de libertad con personas del exterior. El objetivo declarado por las autoridades es evitar que familiares, visitantes o terceros sean utilizados como canales para transmitir instrucciones a estructuras criminales. Las comunicaciones y visitas quedarían sujetas a los mecanismos de control establecidos por el sistema penitenciario.
El paquete legislativo no se limita al INP. También incorpora modificaciones a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, la Ley de la Policía Militar del Orden Público y otras normas vinculadas con la seguridad, con el propósito de ampliar las capacidades operativas e investigativas de los cuerpos encargados de enfrentar las estructuras criminales.
En el ámbito judicial, las medidas anunciadas contemplan un circuito especializado para conocer procesos relacionados con terrorismo y organizaciones declaradas terroristas. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, había adelantado que este mecanismo incluiría jueces, magistrados de apelación y fiscales especializados para atender este tipo de expedientes.
Las reformas forman parte de las medidas adoptadas después de que el CNDS declarara como asociaciones terroristas a la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el denominado Cartel del Diablo, según reportes de medios hondureños. La declaratoria se produjo después de reformas previas al Código Penal que ampliaron el marco utilizado para clasificar determinadas estructuras criminales bajo esa categoría.
